Corte Suprema eleva indemnización a hijos de víctima de prisión política y tortura y ordena reparar daño por repercusión

En esa línea, la Corte Suprema afirmó que, precisamente por tratarse de hechos ocurridos durante la infancia y niñez de los actores y considerando que las vulneraciones fueron cometidas por agentes estatales, el contexto histórico y familiar permitía concluir que el daño sí se encontraba acreditado.

Conforme a ello, el tribunal acogió el recurso de casación en la forma, anuló la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción y tuvo por no interpuesto el recurso de casación en el fondo.

En la sentencia de reemplazo, la Corte Suprema confirmó el fallo de primera instancia y rechazó las alegaciones del Fisco relativas a la denominada “reparación satisfactiva”, reiterando que los beneficios establecidos en la Ley N°19.123 son compatibles con otras acciones indemnizatorias derivadas de violaciones a los derechos humanos, dado que poseen distinta naturaleza jurídica.

Del mismo modo, el máximo tribunal descartó la excepción de prescripción deducida por el Fisco, señalando que el hecho dañoso correspondía a un delito de lesa humanidad y que, en consecuencia, resultaban imprescriptibles las acciones derivadas de dichas vulneraciones.

Respecto del daño moral reclamado, la Corte Suprema concluyó que el denominado daño por repercusión se encontraba suficientemente acreditado mediante declaraciones testimoniales y antecedentes clínicos incorporados al proceso. El fallo estableció que los hijos de la víctima presenciaron el procedimiento de detención de su padre y posteriormente sufrieron las consecuencias derivadas de su ausencia, del deterioro físico y psicológico que presentó tras las detenciones y de la precarización económica y fragmentación familiar generada por los hechos.

La sentencia destacó particularmente el informe clínico emitido por el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS) del Servicio de Salud de Concepción, el cual describió un “profundo daño al proyecto de vida” de la víctima principal producto de la represión política sufrida.

La Corte Suprema concluyó que los hechos afectaron directamente las primeras etapas de vida de los demandantes y comprometieron sus posibilidades de desarrollo, generando un menoscabo intergeneracional derivado de las violaciones a los derechos humanos sufridas por su padre.

Finalmente, el máximo tribunal elevó el monto de la indemnización a $30 millones para cada uno de los actores, estimando que dicha suma resultaba proporcional a la gravedad de las vulneraciones acreditadas y compatible con el principio de reparación integral en materia de derechos humanos.

Vea sentencia Corte Suprema Rol N° rol 15.171-2024, Corte de Concepción Rol N°2499- 2022 (Civil y acumulada 2508-2022)y del Primer Juzgado Civil de Concepción Rol C-4439-2020).