Investigación por tráfico de
Escuchas, seguimientos y movimientos de dinero: los antecedentes que Fiscalía atribuye a Camilo Huerta en la Operación Imperio de Ámsterdam
La situación judicial de Camilo Huerta entrará este miércoles 19 de agosto en una etapa decisiva. Luego de una jornada centrada en el control de las detenciones practicadas en el marco de la denominada Operación Imperio de Ámsterdam, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró ajustadas a…
La situación judicial de Camilo Huerta entrará este miércoles 19 de agosto en una etapa decisiva. Luego de una jornada centrada en el control de las detenciones practicadas en el marco de la denominada Operación Imperio de Ámsterdam, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró ajustadas a derecho las aprehensiones y fijó para las 9:00 horas la audiencia de formalización de 38 detenidos, entre ellos el preparador físico y exrostro televisivo. La Fiscalía Regional de Aysén adelantó que en esa instancia expondrá los hechos que atribuye a los imputados y posteriormente discutirá las medidas cautelares.
La audiencia permitirá conocer judicialmente una investigación que comenzó a desarrollarse en 2024 y que, de acuerdo con los antecedentes recopilados por distintos medios, contiene decenas de miles de páginas, interceptaciones telefónicas autorizadas judicialmente, seguimientos, análisis societarios y movimientos financieros. La hipótesis del Ministerio Público apunta a una estructura que habría utilizado locales presentados como dispensarios de cannabis medicinal para distribuir marihuana y derivados fuera de las condiciones legales bajo las cuales podían operar.
El fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky, confirmó tras el control de detención que el Ministerio Público se opuso a mantener reservada la identidad de los involucrados, invocando el principio de publicidad de las actuaciones judiciales y el interés de la comunidad en conocer los hechos investigados. La fiscal adjunta María Inés Núñez Briso, quien ha encabezado parte importante de la indagatoria, explicó que la etapa siguiente será conseguir que el tribunal estime suficientemente fundados los delitos atribuidos antes de debatir las medidas cautelares.
La pesquisa no sitúa a Huerta como jefe de la supuesta organización. La tesis de la Fiscalía es diferente: le atribuye un papel operativo dentro de uno de los establecimientos investigados, el Dispensario Nacional de Chicureo, en Colina. Según documentos incorporados a la causa, habría desempeñado tareas de administración, gestión comercial y manejo de existencias de cannabis, además de intervenir en las utilidades generadas por el establecimiento.
Los investigadores vinculan ese local con Grünwald SpA, sociedad constituida en octubre de 2024 y en la que Huerta habría asumido la gerencia general y representación ante el Servicio de Impuestos Internos. En el análisis financiero de la causa aparece una transferencia de $51.266.785 efectuada desde DN Medcorp SpA hacia dicha sociedad. Para el Ministerio Público, ese movimiento debe analizarse en el contexto de la actividad que atribuye a la red; la defensa, en cambio, cuestiona la interpretación incriminatoria de esos antecedentes.
El abogado Rodrigo Núñez sostuvo antes de la audiencia que conoce la carpeta investigativa y aseguró que las escuchas difundidas públicamente no perjudican a su representado. Sobre la transferencia millonaria indicó que “hay un contexto y nos haremos cargo en la audiencia”, reiterando que Huerta sostiene su inocencia.
De las escuchas al seguimiento en terreno
Las diligencias respecto de Huerta no se limitaron a revisar documentos comerciales. A mediados de 2025 el OS-7 comenzó a interceptar judicialmente comunicaciones telefónicas y, durante julio de 2026, Carabineros realizó seguimientos para determinar sus desplazamientos y lugares de residencia.
Los informes policiales describen vigilancias en Lo Barnechea, Estación Central y Las Condes. El 25 de julio, por ejemplo, funcionarios observaron al investigado salir desde un inmueble en Estación Central y siguieron a distancia el vehículo en que se movilizaba hasta un gimnasio situado en avenida Las Condes. Días después Huerta viajó a Estados Unidos, cuando aún no se había dictado la orden que posteriormente permitió detenerlo.
Al materializarse el operativo nacional, el 13 de agosto, Huerta se encontraba fuera de Chile. Su abogado Rodrigo Núñez manifestó públicamente entonces que su instrucción era que regresara al país para enfrentar la investigación. El preparador físico volvió desde Miami durante la madrugada del lunes 17 y fue detenido en el aeropuerto. Antes de subir al vehículo policial declaró brevemente: “Es un montaje”.
Su propio defensor posteriormente tomó distancia de esa calificación, precisando que correspondía a una apreciación personal de Huerta y que, como abogado, respetaba la investigación y esperaría conocer y controvertir formalmente los cargos del Ministerio Público.
Las conversaciones que interesan al OS-7
Uno de los pilares de la tesis policial son las comunicaciones interceptadas durante 2025.
En uno de esos registros, Huerta conversa con Andrés Astorga Rodríguez, sindicado en la investigación como uno de los principales responsables de la estructura. El diálogo gira en torno a distintas variedades de cannabis y al stock disponible en Chicureo. Frente a la posibilidad de recibir nuevos productos, Huerta señala en un momento: “Tengo harto stock acá”. Para los investigadores, el tenor de estas conversaciones contribuiría a demostrar que no se limitaba a una participación societaria formal, sino que conocía y gestionaba directamente los productos del establecimiento.
Otra comunicación, registrada el 4 de junio de 2025, fue considerada especialmente relevante. En ella se conversa sobre cómo reaccionar ante una eventual fiscalización de Carabineros, en circunstancias en que el establecimiento no contaría con patente ni con determinada documentación. Según el análisis policial, uno de los interlocutores recomienda recurrir al abogado de la corporación y exhibir resoluciones del Servicio Agrícola y Ganadero.
También aparecen conversaciones con clientes y trabajadores en las que Huerta habría orientado sobre productos disponibles. En un registro de julio de 2025, por ejemplo, se refiere a la entrega de dos unidades de menor capacidad ante la falta de otra presentación solicitada por un cliente. Para el OS-7, este tipo de intercambios es consistente con el papel de encargado que Fiscalía le atribuye.
El financiamiento del negocio y las menciones a Marité Matus y Arturo Vidal
Otra de las escuchas incorporadas al expediente aborda el origen del dinero utilizado para instalar el dispensario de Chicureo y el conflicto económico que se habría producido después entre Huerta y su entonces pareja, Marité Matus.
Según el análisis policial de una conversación de julio de 2025, Matus habría aportado dinero para financiar el establecimiento y Huerta debía posteriormente restituirlo con intereses. Durante la comunicación se menciona una inversión cercana a $35 millones y pagos que, según las cuentas expresadas en la conversación, acumulaban aproximadamente $20 millones.
En ese mismo intercambio se menciona a Arturo Vidal, exmarido de Matus. El informe policial consigna referencias a la situación económica de ella tras su separación del futbolista y a una supuesta pensión por $90 millones durante un año. Ese antecedente corresponde exclusivamente al contenido de una conversación interceptada y no acredita por sí mismo que Vidal haya pagado ese monto ni supone participación alguna del futbolista en los delitos investigados.
Del mismo modo, las menciones a Marité Matus en las conversaciones conocidas públicamente están relacionadas principalmente con el financiamiento y las diferencias económicas en torno al local. Los antecedentes difundidos hasta ahora no permiten atribuirle por ese solo hecho responsabilidad penal en la estructura investigada.
La Fiscalía ha sido cautelosa al respecto. Consultado sobre las referencias a Matus y Vidal contenidas en las escuchas, el fiscal regional Hernán Libedinsky evitó entregar conclusiones y sostuvo que esos antecedentes forman parte de diligencias que permanecen en desarrollo.
Una investigación que comenzó lejos de Chicureo
La aparición de Huerta en el expediente corresponde a una etapa posterior de una investigación mucho más extensa.
La Fiscalía comenzó siguiendo antecedentes vinculados a la comercialización de productos derivados del cannabis en Coyhaique. Los cruces de información permitieron posteriormente identificar conexiones con operadores de otras regiones y, finalmente, llegar hasta la red de locales asociados al denominado Dispensario Nacional.
La hipótesis del Ministerio Público sostiene que algunos establecimientos habrían operado formalmente bajo una finalidad medicinal, pero en la práctica se habrían utilizado para comercializar cannabis cultivado irregularmente, productos con concentraciones de THC que no cumplían las exigencias correspondientes y sustancias destinadas a personas que no necesariamente reunían las condiciones médicas invocadas. También se investigan plantaciones, laboratorios y mecanismos utilizados para trasladar cannabis entre zonas de cultivo y puntos de distribución.
El despliegue de agosto incluyó 42 órdenes de entrada y registro en distintas zonas del país y movilizó a más de 500 funcionarios policiales. Las diligencias se extendieron desde Antofagasta hasta Aysén.
La declaración de una trabajadora
Entre los antecedentes conocidos durante las últimas horas también figura la declaración de una mujer que trabajó en otra sede del Dispensario Nacional y que inicialmente fue detenida e imputada luego de una fiscalización realizada en Providencia en agosto de 2025.
Posteriormente decidió declarar ante la Fiscalía. Según su relato, ingresó a trabajar convencida de que la organización funcionaba legalmente debido a que observaba recetas médicas, documentación, presencia en redes sociales y asesoría jurídica. La mujer sostuvo que “siempre me dijeron que existían protocolos, patentes, legalidad del negocio”.
Con el paso de los días, afirmó haber comenzado a tener dudas respecto de algunas prácticas, particularmente sobre el procesamiento y almacenamiento del cannabis. Finalmente, una fiscalización municipal en la sede de calle Emilio Vaisse derivó en la llegada del OS-7 y la incautación de marihuana. Su testimonio forma parte de los antecedentes generales utilizados para reconstruir el funcionamiento del sistema de dispensarios, aunque corresponde a una sede distinta de la administrada por Huerta.
Lo que deberá resolverse ahora
La Fiscalía investiga a Huerta por su eventual participación en delitos de tráfico de drogas, asociación ilícita y lavado de activos, en el marco de una causa que indaga también cultivos de cannabis, desvío de cultivos autorizados y las operaciones financieras de las sociedades involucradas.
El hecho de que el martes hayan sido declaradas legales las detenciones no implica que el tribunal haya establecido la responsabilidad penal de los imputados. Ese pronunciamiento se refiere únicamente a la legalidad de la privación de libertad y de los procedimientos mediante los cuales fueron puestos a disposición de la justicia.
Será durante la formalización de este miércoles 19 de agosto cuando la Fiscalía deberá precisar ante el tribunal los hechos concretos que atribuye a cada imputado y su calificación jurídica. Posteriormente se debatirán las medidas cautelares que correspondan. El Ministerio Público anticipó que buscará que el tribunal considere suficientemente fundados los delitos investigados para avanzar hacia esa discusión.
Hasta que exista una sentencia condenatoria firme, tanto Huerta como los demás imputados mantienen la presunción de inocencia.
Temas
Te puede interesar
Narcotráfico
Corte Suprema confirma condenas por plantación de cannabis en Colbún y valida agravante de agrupación delictiva
Debido proceso penal
Corte Suprema anula absolución en causa por injurias por falta de escrituración íntegra de la sentencia
Investigación por fraude al fisco
Decretan prisión preventiva para Joaquín Lavín León por fraude al Fisco y delitos asociados
