Fisco deberá pagar $60 millones a víctima de torturas y persecución política durante la dictadura

Al analizar el caso, la Corte explicó que la intensidad del sufrimiento provocado por actos de esta naturaleza debe determinarse considerando las circunstancias específicas de cada víctima. Entre los factores relevantes mencionó la duración de los padecimientos, los métodos utilizados, la forma en que fueron infligidos, sus efectos físicos y mentales, así como las condiciones personales de quien los sufrió, incluyendo su edad, sexo y estado de salud.

En este sentido, sostuvo que la determinación de una indemnización por daño moral no puede efectuarse de manera abstracta, sino que debe atender a las características concretas de los hechos y a sus consecuencias para la persona afectada.

Respecto del actor, la Corte consideró acreditado que las detenciones ilegítimas, los malos tratos, las torturas y las relegaciones formaron parte de una persecución sistemática que se mantuvo durante varios años.

Asimismo, tuvo presente que los documentos incorporados al proceso daban cuenta de diversos trastornos derivados de estos actos ilegítimos, los cuales provocaron secuelas de naturaleza psicológica.

Para el tribunal, la reiteración de las detenciones, la prolongación de la persecución, las consecuencias sufridas y el hecho de que la primera privación de libertad ocurriera cuando el demandante era menor de edad justificaban aumentar la reparación inicialmente concedida.

En consecuencia, estimó que el daño moral acreditado no podía ser compensado adecuadamente mediante una indemnización inferior a $60 millones.

Por estas razones, la Corte de Santiago confirmó la sentencia en alzada, con declaración que se eleva de $40 millones a $60 millones la indemnización que el Fisco de Chile deberá pagar al demandante por concepto de daño moral.

Vea sentencia Corte de Santiago Rol Nº11.726-2025 y del Vigésimo Cuarto Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-3067-2023.