Modificación de los estatutos de la Universidad de Chile debe ser sometida a consulta de la comunidad universitaria.

El Senado Universitario de la Universidad de Chile solicitó pronunciamiento a la Contraloría General de la República, a fin que determine que ese órgano colegiado tiene el deber de dar cumplimiento a un proceso público y participativo en la reforma de todas las disposiciones del Estatuto del plantel, efectuando una consulta obligatoria a todos los integrantes de la comunidad universitaria, conforme a lo dispuesto en la Ley N°21.094 y en el DFL N°3 de 2006 del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto N°153 de 1981, que establece los Estatutos de la Universidad de Chile.

Los solicitantes indican que, si bien el artículo 25 letra i) de la normativa -que garantiza la participación y publicidad del proceso de modificación de estos-, se restringe sólo a los Títulos I y II, dicho alcance restrictivo contraviene la legislación posterior de universidades estatales, puntualmente el artículo 25 letra a) de la Ley N°21.094.

Al respecto, el ente contralor advierte que, “Como puede apreciarse, del artículo primero transitorio de la citada Ley N°21.094 se desprende con claridad que su preceptiva entró en vigor desde la fecha de su publicación, salvo en lo que atañe a la normativa comprendida en su Título II que nos concierne, respecto de la cual se debe distinguir entre las universidades cuyos estatutos comenzaron a regir hasta el 11 de marzo de 1990 -para las cuales surge la obligación de adecuar sus estatutos a las normas del señalado Título II en el plazo que indica- y aquellas cuyos estatutos entraron en vigor después de esa fecha -a las que se les exime de la obligación de adecuación en tanto propongan, dentro del mismo término, el mecanismo institucional permanente al que se hace mención-, por lo que cabe determinar en qué situación se encuentra la Universidad de Chile.