No afecta el derecho de defensa que declaraciones de funcionarios policiales no se encuentren registradas en la carpeta investigativa si se conoce sobre qué depondrán.

La Corte Suprema rechazó recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, que condenó al imputado a las penas de doce años de presidio mayor en su grado medio, como autor de un delito de homicidio consumado, a seis años de presidio mayor en su grado mínimo, por un delito de homicidio frustrado y a cuatro años de presidio menor en su grado máximo, por el delito de porte ilegal de arma de fuego.

En su libelo, el condenado sustentó su acción en la causal contemplada en el artículo 373, letra a), del Código Procesal Penal, esto es, en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución o por los Tratados Internacionales, en cuanto se ha vulnerado la garantía del debido proceso.

Denuncia que el Ministerio Público no dio cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 181 y 93 del Código Procesal Penal, que imponen la obligación de registro de los actos de investigación, toda vez que no constan en la carpeta investigativa las declaraciones de los funcionarios policiales que presentó el Ministerio Público, afectando el derecho de la defensa de conocer previamente la información de los testigos que depondrán en juicio.