Sanción a colegio por no aplicar correctamente protocolos para estudiante con necesidades especiales se confirma por la Corte Suprema

La Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena que validó la decisión de la Superintendencia de Educación de sancionar a un establecimiento educacional con una multa de 51 UTM por no aplicar adecuadamente su reglamento interno y los protocolos establecidos en el caso de un estudiante con necesidades educativas especiales.

El establecimiento educacional alegó que el procedimiento administrativo habría excedido el plazo máximo de dos años para su conclusión, configurándose —a su juicio— la prescripción de la potestad sancionadora.

Asimismo, sostuvo que se vulneraron los principios de legalidad y tipicidad, argumentando que las normas invocadas como infringidas no contemplaban una sanción específica, por lo que la conducta reprochada debía calificarse como infracción leve y no como menos grave, por ello resultaría improcedente la aplicación de la sanción prevista en el artículo 77 letra c) de la Ley N°20.529.

También denunció vulneración del debido proceso administrativo, por la negativa de la autoridad a recibir prueba testimonial oportunamente solicitada, lo que —según señaló— les habría impedido acreditar el cumplimiento efectivo de los protocolos pedagógicos y desvirtuar los cargos formulados, dejándolos en estado de indefensión.

Finalmente, el establecimiento reprochó la infracción al principio de proporcionalidad, sosteniendo que la multa impuesta carecía de fundamentación suficiente, ya que no se habrían ponderado adecuadamente los criterios establecidos en el artículo 73 de la Ley N°20.529, tales como el beneficio económico obtenido, la intencionalidad de la conducta, la matrícula del establecimiento y el nivel de aranceles, lo que a su juicio tornaría la sanción arbitraria y desproporcionada en relación con los hechos constatados.

Por su parte, la Superintendencia de Educación sostuvo que el procedimiento administrativo sancionador se inició a partir de una denuncia presentada por una apoderada, quien reportó deficiencias en la atención educativa otorgada a su hijo, estudiante con necesidades educativas especiales. La fiscalización posterior permitió constatar que, si bien el establecimiento contaba formalmente con un protocolo interno para la asignación y aplicación de evaluación diferenciada, no se acreditó su aplicación íntegra y oportuna en el caso concreto.

En relación con la alegación de prescripción, la Superintendencia argumentó que el plazo de dos años previsto en el artículo 86 de la Ley N°20.529 no corresponde a un plazo de prescripción, sino a un término máximo para la conclusión del procedimiento. Añadió que el eventual vencimiento de dicho plazo no extingue la potestad sancionadora, sino que únicamente reactiva el plazo de prescripción de seis meses.

Respecto de la calificación de la infracción, el organismo fiscalizador sostuvo que su categorización como infracción “menos grave” se ajusta a derecho, ya que los hechos constatados afectan directamente derechos y deberes establecidos en la normativa educacional. En ese sentido, afirmó que la ley le otorga facultades para calificar la gravedad de las infracciones conforme a los artículos 48 y 49 de la Ley N°20.529.