Diario Constitucional

Corte de Santiago.

Se anula orden del CPLT de entregar datos sobre terrenos fiscales por riesgo a la Seguridad Nacional.

La decisión es ilegal, al obligar a la Subsecretaría de Bienes Nacionales a dar a conocer la ubicación de inmuebles fiscales que son de interés para el Estado, con el consiguiente riesgo de afectación cierta, probable y específica a la seguridad de la Nación.

Por Redacción·16 de mayo de 2025·3 min de lectura
bienesnacionales.cl
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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una reclamación judicial interpuesta por el Fisco de Chile y la Subsecretaría de Bienes Nacionales, en contra de la decisión adoptada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), que ordenó la entrega de información geoespacial (formato shapefile o kmz) de terrenos fiscales por región, excluyendo áreas silvestres protegidas.

La reclamante argumentó que dicha información es parcial o totalmente secreta o reservada por razones de seguridad nacional y protección de datos personales. Sostuvo que ya se proporcionó acceso a información disponible públicamente mediante plataformas institucionales y que se denegó el acceso a datos más específicos debido a que incluirían predios destinados a Fuerzas Armadas y de Orden, cuya revelación comprometería la seguridad del Estado y la gestión institucional. Además, advirtió que la entrega de polígonos detallados podría facilitar la usurpación de bienes fiscales o delitos relacionados con su ocupación ilegal, conforme a las causales de reserva previstas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.

El CPLT solicitó el rechazo del reclamo, argumentando que precisó que no era necesario identificar el tipo de tenencia, uso o destinación de los inmuebles, por lo que no es posible afectar la seguridad nacional ni la vida privada, ya que la información solicitada es genérica. Asimismo, indicó que acogió el amparo al no haberse acreditado los presupuestos de la causal de reserva del artículo 21 N°3 de la Ley de Transparencia, ya que no se probó que la información solicitada tuviera la potencialidad de afectar la seguridad nacional o pública. Finalmente, afirmó que no existe relación de causalidad entre la entrega de esta información y las eventuales ocupaciones ilegales, las que generalmente responden a hechos circunstanciales y no a la publicación de datos oficiales.

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