Responsabilidad del Estado
Tribunal civil condena al Fisco a pagar $100 millones por torturas cometidas por Carabineros en 2020
El Segundo Juzgado Civil de San Miguel estableció que la víctima fue sometida a una secuencia de apremios ilegítimos con extrema violencia, y fijó la indemnización en el tramo más alto de la jurisprudencia en casos de violencia estatal
El Segundo Juzgado Civil de San Miguel condenó al Fisco a pagar una indemnización de $100.000.000.- por daño moral a un trabajador que fue víctima de apremios ilegítimos por parte de funcionarios de Carabineros en enero de 2020, en la comuna de Puente Alto.
En el fallo estableció que los hechos ya habían sido acreditados en sede penal, donde se determinó la responsabilidad de los funcionarios, lo que en el juicio civil tiene pleno valor probatorio y no puede ser discutido nuevamente.
El tribunal sostuvo que lo ocurrido corresponde a una “secuencia deliberada y sistemática” de actos de violencia, orientados no solo a causar dolor físico, sino también a generar un grave daño psicológico en la víctima.
Según la sentencia, el trabajador fue sometido a múltiples formas de violencia, entre ellas simulacro de ejecución con un arma real, amenazas de agresión sexual, asfixia mediante el uso de una máscara alterada y reiteradas golpizas en distintos momentos, lo que incluso puso en riesgo su vida.
El fallo también señala que el Estado tiene la obligación de reparar este tipo de hechos, de acuerdo con normas internacionales de derechos humanos, que exigen una reparación integral a las víctimas, incluyendo indemnización, rehabilitación y garantías de no repetición.
Para determinar el monto de la indemnización, el tribunal consideró los criterios que han fijado los tribunales superiores en casos similares. En general, las indemnizaciones por tortura sin secuelas permanentes van entre $30 millones y $80 millones, pero pueden llegar a $100 millones cuando existen elementos especialmente graves.
En este caso, el juez resolvió fijar la indemnización en el máximo rango, debido a la gravedad de los hechos, la acumulación de distintas formas de violencia, el riesgo vital que enfrentó la víctima, la ausencia de reparaciones previas y el hecho de que los hechos ocurrieron en democracia, lo que agrava el impacto en la confianza hacia las instituciones.
Finalmente, el tribunal concluyó que el monto de $100 millones es justo y proporcional al daño sufrido, y ordenó su pago por parte del Fisco, junto con las costas del juicio.
Vea sentencia Segundo Juzgado Civil de San Miguel Rol Nº 471-2024.
Temas
Te puede interesar
Nulidad penal rechazada
Corte Suprema valida entrada y registro basado en informante y confirma condena por tráfico de drogas
Reclamo de ilegalidad rechazado
Corte de Santiago ordena al Registro Civil entregar acceso a índices de defunciones históricas
Par conditio creditorum
Corte Suprema invalida fallo y acoge demandas vinculadas a promesas de compraventa en proceso concursal de inmobiliaria
