Seguridad ciudadana
Gobierno promulga Ley de Seguridad Municipal que fortalece rol preventivo de los municipios
La nueva normativa reconoce por primera vez a los equipos de seguridad municipal, define atribuciones en flagrancia, patrullajes y televigilancia, incorpora protección penal a los inspectores y destina más de $5.300 millones para equipamiento y tecnología, con una implementación progresiva a nivel nacional
Tras finalizar su tramitación en el Tribunal Constitucional, el Gobierno promulgó la Ley de Seguridad Municipal, iniciativa que reconoce y regula de manera explícita el rol preventivo y coadyuvante de los municipios en materia de seguridad pública.
El nuevo marco legal establece de forma expresa el rol preventivo de los gobiernos locales y fija atribuciones claras para la realización de actuaciones en situaciones de flagrancia, patrullajes y labores preventivas. Por primera vez, los equipos de seguridad municipal son reconocidos mediante una figura legal, otorgándoles una garantía administrativa para el ejercicio de sus funciones en el espacio público.
La ley incorpora, además, disposiciones relativas a la capacitación de los inspectores municipales y define labores autónomas, como la detención en flagrancia, la incautación de mercancías ilegales y la televigilancia, junto con funciones de carácter colaborativo con las policías, entre ellas controles de tránsito, patrullajes mixtos y apoyo en medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar.
En materia de protección y estándares para los funcionarios, la normativa introduce una agravante penal para quienes agredan a inspectores municipales en el ejercicio de sus funciones y obliga a los municipios a dotarlos de elementos defensivos certificados, junto con la capacitación correspondiente.
La Ley de Seguridad Municipal también introduce nuevos estándares para el uso de tecnologías por parte de los municipios, regulando la utilización de cámaras, drones y sistemas de televigilancia, con el objetivo de equilibrar la eficacia operativa con la protección de los datos personales de la ciudadanía.
En cuanto al financiamiento, la Subsecretaría de Prevención del Delito destinará $5.100 millones para la adquisición de elementos de protección para inspectores municipales, priorizando las zonas de mayor vulnerabilidad. A ello se suman $208 millones destinados a la implementación de plataformas tecnológicas y a la interconexión de registros.
La ley comenzará a regir seis meses después de su publicación en el Diario Oficial y su implementación será progresiva, con el fin de que las comunas puedan adecuar sus capacidades administrativas y de infraestructura, consolidando una institucionalidad moderna orientada a mejorar la seguridad y la prevención del delito en todo el país.
Vea texto de ley, su tramitación legislativay pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
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