Protección frente al crimen organizado
Proyecto de ley busca aumentar penas por amenazas y conspiración para asesinar a alcaldes, concejales y delegados presidenciales
Un proyecto de ley presentado por los diputados Roberto Arroyo (A), Lilian Betancurt, Patricio Briones, Flor Contreras, Alex Nahuelquín, Paula Olmos, Zandra Parisi y Juan Valenzuela, propone modificar el Código Penal para para fortalecer la protección de las autoridades aumentando las sanciones…
Un proyecto de ley presentado por los diputados Roberto Arroyo (A), Lilian Betancurt, Patricio Briones, Flor Contreras, Alex Nahuelquín, Paula Olmos, Zandra Parisi y Juan Valenzuela, propone modificar el Código Penal para para fortalecer la protección de las autoridades aumentando las sanciones aplicables a las amenazas y a la conspiración para cometer homicidio calificado contra alcaldes, concejales y delegados presidenciales regionales y provinciales, cuando estas conductas se relacionen con el ejercicio de sus funciones.
La iniciativa busca responder al aumento de amenazas e intimidaciones atribuidas al crimen organizado y al narcotráfico contra autoridades locales y regionales, especialmente aquellas que desempeñan funciones vinculadas con la seguridad pública y la prevención del delito.
Entre sus fundamentos, la moción destaca las amenazas contra el alcalde de San Bernardo, Christopher White, quien en septiembre de 2026 fue alertado por la Fiscalía sobre un presunto plan para atentar contra su vida. Asimismo, cita antecedentes de AMUCH y CIPER Chile, según los cuales cerca del 70% de los alcaldes de la Región Metropolitana habría sufrido intimidaciones y al menos siete contarían con protección policial permanente.
El proyecto recuerda que el artículo 8 del Código Penal establece que la conspiración solo es sancionable cuando la ley lo dispone expresamente. En ese contexto, el artículo 391 bis, incorporado mediante la Ley N°21.571 de 2023, castiga la conspiración para cometer homicidio calificado por precio, recompensa o beneficio económico, figura asociada al sicariato.
Actualmente, esta disposición contempla una pena agravada de tres años y un día a diez años de presidio cuando la conspiración se dirige, en razón de sus funciones, contra jueces penales, fiscales, defensores públicos, carabineros, funcionarios de la Policía de Investigaciones o gendarmes.
Sin embargo, no incluye a alcaldes, concejales ni delegados presidenciales, pese a sus responsabilidades en materia de seguridad pública. En particular, la moción destaca las atribuciones de los delegados presidenciales para resguardar la tranquilidad pública y requerir el auxilio de la fuerza pública, conforme a la Ley N°19.175, así como la participación de los concejales en los Consejos Comunales de Seguridad Pública, regulados en la Ley N°18.695.
Por ello, la primera modificación propuesta incorpora a estas autoridades en el inciso segundo del artículo 391 bis, extendiéndoles la pena agravada prevista para la conspiración destinada a cometer homicidio calificado por precio, recompensa o beneficio económico, cuando el delito se vincule con el ejercicio de sus funciones.
La segunda modificación recae sobre el artículo 268 quinquies del Código Penal, que establece sanciones agravadas para determinadas amenazas contra fiscales y defensores públicos. La iniciativa propone aplicar este régimen a alcaldes, concejales y delegados presidenciales regionales y provinciales, estableciendo el máximo de la pena o el grado máximo de las sanciones previstas en los artículos 296 y 297 del mismo Código.
Los parlamentarios explican que optaron por ampliar estas disposiciones, en lugar de crear nuevos delitos o recurrir a normas especiales de otros ámbitos, como el artículo 297 bis. La propuesta también considera experiencias legislativas de Colombia, Italia y México relacionadas con la persecución de organizaciones criminales.
De esta manera, el proyecto busca reforzar la protección penal de las autoridades comunales y regionales frente a amenazas y conspiraciones para cometer homicidios por encargo, con el propósito de prevenir actos de intimidación que puedan afectar el ejercicio de sus funciones públicas.
Vea texto moción Boletín N°18.695-07 y siga su tramitación aquí.
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