Reforma a la Constitución busca establecer un marco jurídico permanente para el proceso de transición gubernamental

Para fundamentar la necesidad de una regulación permanente, la iniciativa recoge experiencias internacionales que han institucionalizado mecanismos de transición. En Estados Unidos, la Presidential Transition Act de 1963 contempla instrumentos de financiamiento, coordinación y asistencia técnica para el Presidente electo, reconociendo la relevancia de este proceso para la seguridad y el bienestar de la población. Por su parte, el Reino Unido dispone del Cabinet Manual de 2011, mientras que Nueva Zelanda cuenta con un instrumento similar, cuya primera versión data de 1979, orientado a favorecer la continuidad administrativa y la transferencia ordenada del poder.

En el ámbito latinoamericano, los impulsores citan el informe del Banco Interamericano de Desarrollo denominado Gestionar y comunicar las transiciones de Gobierno: una guía de herramientas (2026), que distingue entre países con regulaciones parciales, aquellos que poseen prácticas institucionales consolidadas pero no formalizadas y los que dependen fundamentalmente de acuerdos políticos. Conforme a esta clasificación, Chile se encontraría en el segundo grupo, al contar con mecanismos administrativos que aún no disponen de una institucionalidad jurídica permanente.

Los autores sostienen que esta situación podría generar consecuencias especialmente graves cuando el cambio de administración coincida con catástrofes naturales, emergencias sanitarias, crisis económicas o amenazas a la seguridad pública. Por ello, consideran necesario establecer obligaciones institucionales que permitan mantener la capacidad de respuesta del Estado, independientemente de la alternancia política.

Con ese objetivo, plantean que la legislación encargada de desarrollar la reforma contemple procedimientos estandarizados de entrega de información, informes presupuestarios y financieros auditables, sistemas de trazabilidad de los recursos públicos y organigramas actualizados de la Administración del Estado. También proponen incorporar antecedentes sobre proyectos estratégicos y compromisos internacionales, manuales institucionales, protocolos de continuidad operacional e instancias formales de coordinación entre las autoridades salientes y entrantes.

En materia de control y responsabilidad institucional, estiman pertinente establecer mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización, junto con procedimientos especiales para los órganos encargados de la seguridad nacional y la gestión de crisis. Asimismo, consideran la posibilidad de implementar memorias de gestión estandarizadas, mecanismos de certificación del cierre fiscal, fiscalización por parte de la Contraloría General de la República y una plataforma digital permanente que facilite el intercambio de información durante estos procesos.

La iniciativa de reforma constitucional propone, en definitiva, incorporar un nuevo artículo 37 ter a la Constitución para reconocer la transición entre gobiernos como un proceso esencial para la continuidad del Estado, disponiendo que los órganos de la Administración mantengan las condiciones necesarias para asegurar una transferencia ordenada, íntegra y oportuna de la información indispensable para garantizar la continuidad de los servicios públicos, la seguridad nacional y el cumplimiento de las funciones estatales. El procedimiento será regulado por una ley basada en los principios de continuidad institucional, transparencia, coordinación, responsabilidad y rendición de cuentas. Además, establece que el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional las iniciativas legales correspondientes dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la reforma constitucional.

Vea texto moción Boletín N°18.668-07 y siga su tramitación aquí.