Proyecto de ley busca obligar a plataformas digitales extranjeras a tener representante en Chile y contempla multas de 20.000 UTM

Un proyecto de ley presentado por la senadora Daniella Cicardini propone exigir que las plataformas digitales con presencia significativa en Chile establezcan domicilio en el país, designen un representante legal y se inscriban en un registro público. La iniciativa busca facilitar la fiscalización de estas empresas, asegurar el cumplimiento de los requerimientos de las autoridades y agilizar las investigaciones de delitos cometidos a través de sus servicios.

La moción advierte que diversas empresas tecnológicas extranjeras generan ingresos, procesan datos personales y participan en transacciones comerciales en Chile sin contar necesariamente con un representante local que responda ante las autoridades. Según su autora, esta situación genera una desigualdad frente a las empresas nacionales, sujetas a obligaciones tributarias, laborales y judiciales, además de afectar la competencia, la recaudación fiscal y la protección de las víctimas de delitos digitales.

El proyecto fundamenta esta preocupación en el principio de territorialidad, conforme al cual quienes desarrollan actividades en un país deben someterse a su ordenamiento jurídico. Asimismo, recoge planteamientos del jurista Lawrence Lessig sobre la capacidad de la arquitectura de las redes digitales para regular conductas y plantea la necesidad de asegurar una jurisdicción estatal efectiva sobre los servicios que operan en el territorio nacional.

Entre los problemas que pretende abordar, la iniciativa destaca las dificultades que enfrentan las investigaciones de delitos digitales, especialmente aquellos relacionados con la extorsión sexual contra menores de edad. Explica que, incluso cuando se logra identificar una cuenta utilizada para cometer un ilícito, obtener los antecedentes de su titular puede requerir mecanismos de cooperación internacional que demoran meses y no siempre permiten acceder oportunamente a la información. A juicio de la parlamentaria, estas dificultades retrasan las investigaciones y obstaculizan el acceso de las víctimas a la justicia.

La moción recoge experiencias internacionales, como las exigencias de representación legal de la Unión Europea, el bloqueo temporal de la plataforma X en Brasil y una iniciativa argentina sobre obligaciones de plataformas extranjeras. En Chile, reconoce los avances de la legislación sobre protección de datos personales, especialmente la Ley N°21.719, que entrará en vigor el 1 de diciembre de 2026. Sin embargo, sostiene que, pese a la existencia de normas sobre delitos informáticos, disposiciones del Código Procesal Penal y mecanismos de cooperación internacional como el Convenio de Budapest, persisten dificultades para exigir información oportuna a plataformas extranjeras sin domicilio ni representante legal en el país, lo que puede retrasar las investigaciones penales.