Proyecto de ley obligaría a plataformas digitales con más de 200 mil usuarios a tener domicilio y representante legal en Chile

Un proyecto de ley de autoría Daniel Manouchehri (A), patrocinado por los diputados Patricio Briones, Andrés Celis, Cristóbal Martínez, José Montalva, César Valenzuela y Gonzalo Winter, junto a las diputadas Daniela Serrano, Consuelo Veloso y Gael Yeomans, propone establecer nuevas obligaciones para las plataformas digitales que mantengan una presencia significativa en Chile, con el objetivo de facilitar su fiscalización, asegurar el cumplimiento de resoluciones judiciales y fortalecer la investigación de delitos cometidos a través de internet.

Según los fundamentos del proyecto, actualmente existen dificultades para exigir responsabilidades a empresas tecnológicas extranjeras que prestan servicios en Chile sin contar con domicilio ni representación legal en el país.

El proyecto indica que estas plataformas generan ingresos, procesan datos personales y permiten la interacción de usuarios nacionales, pero su estructura de funcionamiento dificulta la aplicación efectiva de las normas chilenas y el cumplimiento de los requerimientos formulados por las autoridades.

Esta situación, sostienen, adquiere especial relevancia en las investigaciones de delitos cometidos mediante plataformas digitales, particularmente aquellos relacionados con extorsión sexual y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

En estos casos, la falta de mecanismos eficaces de cooperación puede impedir que el Ministerio Público y los tribunales obtengan oportunamente información necesaria para identificar a los responsables, como antecedentes de registro, direcciones IP y datos de conexión.

Asimismo, los parlamentarios plantean que la ausencia de obligaciones equivalentes a las exigidas a las empresas nacionales genera una asimetría regulatoria que puede distorsionar la competencia y limitar las facultades de fiscalización del Estado.

Como referencia internacional, la moción menciona el Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, que establece obligaciones de representación legal para determinados prestadores de servicios establecidos fuera de ese territorio.

También recoge la experiencia de Brasil con la plataforma X, cuyo acceso fue temporalmente bloqueado debido a incumplimientos relacionados con su representación legal, y hace referencia a iniciativas legislativas desarrolladas en Argentina durante 2026.

En el ámbito nacional, los autores examinan la Ley Nº19.628 sobre Protección de la Vida Privada, las modificaciones introducidas por la Ley Nº21.719, la Ley Nº21.459 sobre Delitos Informáticos y el Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia.

Si bien reconocen que estas normas representan avances en la protección de los datos personales y la persecución de delitos informáticos, consideran que todavía existen obstáculos para obtener la cooperación efectiva de plataformas extranjeras que no cuentan con representación en Chile.

Para abordar este problema, el proyecto establece que las plataformas digitales que superen los 200.000 usuarios activos mensuales en Chile o cuyos ingresos provenientes del país excedan el umbral que se defina, deberán cumplir tres obligaciones principales: fijar domicilio en Chile, designar un representante legal domiciliado en el país e inscribirse en un Registro de Plataformas de carácter público.

El representante legal tendrá facultades para recibir notificaciones judiciales y administrativas, atender requerimientos del Ministerio Público y de los tribunales de justicia y responder ante las autoridades competentes.

Además, la iniciativa establece que dicho representante será solidariamente responsable con la plataforma por las obligaciones derivadas de la futura legislación.