Proyecto de ley busca obligar a universidades e instituciones privadas a transparentar el uso de recursos estatales

Un proyecto de ley patrocinado por los senadores Alfonso De Urresti, Vlado Mirosevic, Yasna Provoste, Gastón Saavedra y Beatriz Sánchez, propone modificar la Ley N°21.091, sobre Educación Superior, para establecer mayores obligaciones de transparencia a las instituciones que reciben financiamiento estatal. La iniciativa busca que la ciudadanía pueda conocer de manera clara, accesible y actualizada cómo se administran y utilizan los recursos públicos destinados a financiar la gratuidad, las becas, los créditos y otros aportes estatales, incluso cuando las instituciones beneficiarias sean de carácter privado.

El proyecto surge en el contexto de la discusión legislativa sobre la modificación del sistema de financiamiento de la educación superior y el reemplazo del Crédito con Aval del Estado (CAE). En ese debate se planteó la necesidad de fortalecer las exigencias de transparencia aplicables a las instituciones privadas que reciben fondos públicos para financiar sus actividades y facilitar el acceso y permanencia de los estudiantes en la educación superior.

Según los fundamentos de la iniciativa, actualmente existen limitaciones para conocer de manera general y oportuna el destino de los recursos estatales entregados a determinadas instituciones privadas. Aunque estas reciben financiamiento público mediante distintos mecanismos, no siempre están sujetas a obligaciones de publicidad suficientemente amplias que permitan conocer con claridad cómo se administran y utilizan esos fondos.

Los autores sostienen que esta situación dificulta la rendición de cuentas y el control ciudadano, especialmente considerando que los recursos destinados a la educación superior constituyen una inversión pública orientada a garantizar oportunidades de formación y contribuir al desarrollo de las funciones académicas de las instituciones.

Frente a este escenario, la propuesta busca incorporar a la Ley N°21.091 un estándar mínimo de acceso público a información relacionada con la utilización de recursos estatales por parte de las instituciones de educación superior que reciben este tipo de financiamiento.

El objetivo es que la entrega de fondos públicos esté acompañada de obligaciones de transparencia que permitan conocer su administración y destino, fortaleciendo la responsabilidad de las instituciones beneficiarias y facilitando la supervisión de su utilización.

Uno de los fundamentos centrales del proyecto es que la naturaleza jurídica privada de una institución no debe impedir que se le exija transparentar el uso de los recursos provenientes del Estado.

En ese sentido, la iniciativa distingue entre el régimen jurídico de las casas de estudio y las responsabilidades que adquieren al recibir financiamiento público. Así, aunque una universidad, instituto profesional o centro de formación técnica mantenga su carácter privado, ello no debería excluirla de las exigencias de publicidad y rendición de cuentas respecto de los fondos estatales que administra.

La propuesta también busca avanzar hacia criterios más homogéneos de transparencia dentro del sistema de educación superior, reduciendo las diferencias existentes entre las obligaciones aplicables a las instituciones estatales y aquellas que, pese a ser privadas, reciben recursos públicos.

Con ello, se pretende que la ciudadanía disponga de información relevante sobre el destino del financiamiento estatal, independientemente de la naturaleza jurídica de la institución beneficiaria.