Proyecto de ley busca obligar a aerolíneas a trasladar en 48 horas a pasajeros afectados por suspensión de vuelos debido al mal tiempo

La moción también establece un orden obligatorio de prioridad para asignar los asientos disponibles.

En primer lugar, deberán ser trasladadas las personas con movilidad reducida o necesidades especiales.

Luego tendrán preferencia quienes viajen para recibir atención de salud o someterse a tratamientos médicos, circunstancia que deberá acreditarse mediante un certificado o comprobante.

En tercer lugar, se considerará a los estudiantes que necesiten incorporarse o reincorporarse a sus establecimientos educacionales, quienes deberán presentar un certificado de matrícula.

Finalmente, los demás pasajeros serán reubicados siguiendo el orden cronológico de los vuelos cancelados.

El proyecto dispone que la totalidad de los pasajeros afectados deberá ser trasladada dentro de las 48 horas siguientes a la reanudación de las operaciones, respetando las condiciones originalmente contratadas y sin exigir pagos adicionales.

Si las condiciones de fuerza mayor persisten e impiden operar, el plazo se prorrogará únicamente por el tiempo durante el cual se mantenga el cierre.

Para facilitar la fiscalización, las aerolíneas deberán conservar durante seis meses los antecedentes que acrediten el cumplimiento del plan de descongestión y mantenerlos a disposición de las autoridades competentes.

El incumplimiento de estas obligaciones quedaría sujeto a las sanciones previstas en el Código Aeronáutico y en la Ley N°19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, contemplándose la intervención de los Juzgados de Policía Local.

Además, la iniciativa propone modificar el Código Aeronáutico para reconocer expresamente el derecho de los pasajeros a recibir información, ser reasignados y trasladados dentro de los plazos y condiciones establecidos para estas contingencias.

Los autores de la moción sostienen que la legislación vigente no ofrece una respuesta suficiente frente a las interrupciones prolongadas del transporte aéreo en territorios aislados.

Actualmente, se reconoce derechos de los pasajeros ante retrasos y cancelaciones, pero se contempla una exención de responsabilidad e indemnizaciones cuando los incumplimientos se producen por caso fortuito o fuerza mayor, como ocurre con determinados fenómenos meteorológicos.

Según el diagnóstico que se expone en el proyecto, esta regulación permite que, frente a suspensiones por mal tiempo, la respuesta de las aerolíneas se limite al reembolso del pasaje o a la reubicación en el siguiente vuelo disponible de su programación habitual, sin garantizar una solución rápida para quienes dependen de conexiones aéreas escasas.

La propuesta no pretende establecer indemnizaciones económicas por suspensiones provocadas por condiciones climáticas inevitables, sino reforzar la obligación de transportar efectivamente a los pasajeros una vez que resulte posible reanudar las operaciones.

Para fundamentar este mecanismo, la moción recoge experiencias de Canadá, la Unión Europea y Brasil.

En Canadá, las normas de protección de pasajeros aéreos contemplan obligaciones de reubicación frente a circunstancias ajenas al control de las aerolíneas, incluida la posibilidad de recurrir a vuelos de otras compañías cuando no sea posible ofrecer una alternativa dentro de los plazos establecidos.

En la Unión Europea se mantiene el derecho del pasajero a ser conducido hasta su destino final lo antes posible y en condiciones comparables, incluso cuando circunstancias extraordinarias eximen al transportador de pagar determinadas compensaciones económicas.

Por su parte, la regulación brasileña reconoce el derecho a la reubicación gratuita en vuelos propios o de terceros en la primera oportunidad disponible.

A partir de estas experiencias, el proyecto plantea que la existencia de fuerza mayor puede justificar la ausencia de una indemnización, pero no necesariamente liberar a las compañías del deber de procurar una solución efectiva de transporte.

A diferencia de los programas de subvención de rutas aéreas existentes en Estados Unidos y Australia, la propuesta no contempla subsidios estatales ni nuevos gastos fiscales. En su lugar, establece obligaciones operativas y de diligencia contractual para las empresas privadas que explotan comercialmente estas rutas.

Con ello, sus impulsores buscan respetar las reglas de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

La moción invoca el artículo 1° de la Carta Fundamental, en relación con la función del Estado y la integración de los territorios aislados, junto con las garantías de protección de la integridad de las personas e igualdad ante la ley.

Desde esa perspectiva, los parlamentarios reiteran que la conectividad aérea oportuna tiene consecuencias directas sobre el acceso a prestaciones de salud y las oportunidades educativas de quienes habitan en zonas extremas.

En síntesis, la denominada “Ley de Reconexión Austral” busca que las suspensiones de vuelos por condiciones climáticas no se traduzcan en esperas indefinidas para los habitantes de zonas extremas, trasladando a las aerolíneas la obligación de disponer soluciones extraordinarias de transporte cuando se restablezca la operación de los terminales aéreos.

Vea texto moción Boletín N°18.638-03 y siga su tramitación aquí.