Para enfrentar la acción delictual de los “motochorro”.
Proyecto de ley modifica la Ley de Tránsito para exigir a los propietarios o concesionarios de estaciones de servicio lleven un registro de la patente de las motocicletas que compran gasolina y de la licencia de quien la conduce.
Un estudio del Centro de Análisis Criminal (CENACRIM) de la Policía de Investigaciones del año 2022 dio cuenta que la PDI había investigado 564 robos en modalidad de “motochorro” (robo por sorpresa o intimidación por parte de una persona que conduce una motocicleta) ocurridos durante 2021 en la Región Metropolitana.

La iniciativa, patrocinada por la senadora Paulina Vodanovic, modifica la Ley de Tránsito con el fin de exigir que los concesionarios o dueños de estaciones de servicio de carga de combustible implementen un sistema de registro de la patente de las motocicletas que compran gasolina y de la licencia de quien la conduce.
La autora de la moción sostiene que, el uso de motocicletas como medio de comisión de delitos contra la propiedad y contra la vida e integridad física es un modus operandi delictual que se ha extendido en Latinoamérica durante los últimos años, resultando particularmente grave la situación de México y Colombia.
Afirma que, en Chile la situación no es distinta, ya que un estudio del Centro de Análisis Criminal (CENACRIM) de la Policía de Investigaciones del año 2022 dio cuenta que la PDI había investigado 564 robos en modalidad de “motochorro” (robo por sorpresa o intimidación por parte de una persona que conduce una motocicleta) ocurridos durante 2021 en la Región Metropolitana, destacando que “los delitos donde se utiliza la violencia o intimidación presentan una mayor frecuencia hacia sectores más residenciales y, de preferencia el área centro sur de la capital, ello, a diferencia de lo que ocurre con los robos por sorpresa concentrados en el sector centro oriente de Santiago”.
Comentarios (1)
Juan pablo El proyecto, se encuentra bastante cerca del llamado fascismo. Iniciativas como estas, las cuales claramente se convertirán en ley, debido a la necesidad imperante resguardo y seguridad pública, implican abrir las puertas futuros proyectos, luego, se agregaran que no podrán cargar combustibles los deudores de pensiones de alimentos, luego los empleadores, hasta llegar a quienes deban impuestos, todo aquello, a fin de resguardar el bien común, aunque es claro, solo resguardaran su patrimonio la clase política y la posibilidad de hacer caridad con dineros públicos.
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