Acceso a la justicia y defensoría de las víctimas.

El Ejecutivo está impulsando una antigua obligación constitucional al crear el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas. Esta iniciativa busca abordar dos deficiencias fundamentales del sistema procesal. En primera instancia, pretende contribuir de manera eficaz a la defensa de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos que no disponen de medios económicos para acceder a una defensa jurídica gratuita y de calidad. Lo anterior, permitirá a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente en el ámbito económico, recibir la representación legal que merecen para garantizar un juicio justo.

Por otro lado, la creación de esta defensoría también busca desarrollar y fortalecer una garantía constitucional: brindar asistencia jurídica (social y psicológica) a las víctimas de delitos. Sin embargo, consideramos que esta medida, aunque positiva, no es suficiente. El actual sistema penal tiene la tendencia de considerar a la víctima como un mero interviniente, sin darle un papel central en el proceso. A menudo, las víctimas no sienten el respaldo ni la efectividad del sistema judicial, lo que puede generar una sensación de desamparo y frustración.

Es necesario que se tome una decisión institucional clara sobre el rol de la víctima en el proceso penal. Se debe definir si su papel debe limitarse a ser un participante secundario en un proceso que enfrenta a la sociedad, representada por el fiscal, contra el imputado, o si, por el contrario, se debe reconocer a la víctima un rol más activo y significativo. Esto podría derivar en la implementación de mecanismos de justicia restaurativa o el fortalecimiento del papel de la víctima, de manera que su participación tenga un impacto real en el proceso de enjuiciamiento.