Concursos y asignaciones directas en la Ley de Presupuestos. Un problema.

Como reacción a las diversas situaciones de corrupción detectadas en los últimos años, relacionadas con transferencias de recursos públicos a entidades privadas, el Ministerio de Hacienda y, en particular, la Dirección de Presupuestos, adoptaron una serie de medidas tendientes, en general, a regular de manera más estricta dichos traspasos, cuyo objeto era disminuir, cuando no excluir, los riesgos que en dichas operaciones se habían advertido.

Entre dichas medidas -contenidas en la circular N° 20, de 2023, del Ministerio de Hacienda- destaca una regla que constituía una reiteracióna las entidades públicas de su deber de que la selección de los receptores privados de fondos públicos se realice mediante un procedimiento concursal, conforme a los artículos 9 la ley N° 18.575 -de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado-, y 23 de la Ley N° 21.516, de Presupuestos del Sector Público del año 2023.

Ello era efectivamente una reiteración, toda vez que, acorde con dicho artículo 23, inciso primero, de la ley de presupuestos del año 2023, el concurso resultaba obligatorio para la asignación de recursos correspondientes a transferencias corrientes[1] a instituciones privadas, salvo que la ley expresamente señalase lo contrario.