El carácter democrático del proceso constituyente chileno

El Poder constituyente es “aquella fuerza capaz de crear una nueva Constitución”, en otras palabras, de dar al grupo humano respectivo una nueva organización político-jurídica. Esta nueva Constitución se concreta en un acto que se llama el “establecimiento de la Constitución”. No han sido pocas las veces en la historia que este acto de “establecimiento de la Constitución” ha sido fruto de rupturas institucionales violentas que han traído consigo dolor y atropellos a la dignidad de las personas, pero también es posible que este proceso se desarrolle dentro de los cauces democráticos y el pleno respeto a los derechos humanos. El proceso chileno 2019-2021 es un ejemplo de ello.

Atendidas las características del proceso constituyente chileno, y al margen de le legítima posición que cada cual tenga respecto de la necesidad de cambiar la Carta Constitucional de 1980, no cabe duda, al menos para este profesor universitario, que estamos frente a un proceso revestido de las garantías de la democracia. A continuación, algunos argumentos para sustentar esta afirmación.

Este proceso tiene su génesis dentro del contexto de un estallido social originado por una serie de causas que se podrían resumir en las palabras: desigualdad, abusos y falta de oportunidades. En este escenario, las principales fuerzas políticas democráticas del país firmaron en el mes de noviembre de 2019 el llamado “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”. Este acuerdo, que es el inicio formal de nuestro proceso constituye, no es impuesto por un sector político ni menos por una élite cuyo sustento es solo la fuerza física material, sino que es el producto de un acuerdo ante una situación social compleja, en la que se optó por el diálogo y no por hacer usos de las facultades constitucionales que autorizan al Presidente de la República para decretar estados de excepción constitucional.