Jorge Astudillo

El proyecto de reforma constitucional que fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública y crea un nuevo estado de excepción busca entregar mayores herramientas al Estado frente al terrorismo y el crimen organizado. Sin embargo, la amplitud de algunas facultades propuestas abre interrogantes sobre sus efectos en garantías como la presunción de inocencia, la reserva jurisdiccional, la privacidad de las comunicaciones y el control democrático de las medidas excepcionales.

Atendidas las características del proceso constituyente chileno, y al margen de le legítima posición que cada cual tenga respecto de la necesidad de cambiar la Carta Constitucional de 1980, no cabe duda, al menos para este profesor universitario, que estamos frente a un proceso revestido de las garantías de la democracia.

En el ámbito público, destaca su labor como asesor del Senado durante 18 años, y como Secretario de la Comisión de Constitución y Justicia de dicha cámara entre 1969 y 1972. A continuación, fue Ministro de Educación y de Justicia bajo el gobierno del ex Presidente Salvador Allende en 1972 y 1973.

En su presentación señala que los fraudes bancarios son responsabilidad de los bancos en tanto corresponde a una infracción al deber de seguridad en los servicios que prestan a sus clientes.

La gestión pendiente incide en autos sobre recurso de amparo, seguido ante la Corte de Santiago.

Las presentaciones fueron interpuestas por organizaciones sociales, agrupaciones de empleados públicos y una organización feminista.

Como no tenían de qué acusarle legalmente, buscaron testigos falsos, previamente sobornados, que, sin embargo, incurrieron en contradicciones, por lo que no fueron capaces de articular una acusación coherente y veraz.

Esto, a propósito de solicitud de una Senadora de la República y del Presidente del Colegio de Profesores de Chile.

El Tribunal de alzada rechazó con costas el recurso de nulidad deducido en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, que confirmó la sanción.

La Constitución es entonces el instrumento que fija las normas básicas y esenciales de la convivencia social por lo que muchos la asimilan a un "pacto social".

Considero que el inicio de un "proceso constituyente" es la vía más idónea y compatible con la democracia para enfrentar la actual crisis político-social que vive Chile.

Si bien, los estados de excepción constitucional pueden resultar coherentes con la lógica de la democracia, en aquellos casos en que se decide hacer uso de ellos, el Estado más que nunca debe tomar todos los resguardos y providencias que sean necesarios para impedir el atropello a los derechos de las personas por parte de sus agentes.

Chile está viviendo una crisis de moralidad importante, cada vez es más común perseguir intereses privados utilizando cualquier medio.

En consecuencia, el género es una realidad cultural, social, convencional, no natural al ser humano, por lo tanto es una construcción que puede ser deconstruida y modificada.

En las líneas que siguen presento algunas reflexiones conceptuales sobre este fenómeno social, para luego hacer una breve alusión a la forma como Chile ha intentado ponerle freno, particularmente desde el flanco penal.