Puerto Rico: la “Grecia del Caribe” abandonada a su suerte.

Días atrás, mientras los ojos del mundo estaban puestos en Grecia y su tira y afloja con sus principales acreedores, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla intentaba llamar la atención respecto de la situación financiera de su país. Una deuda pública de 73.000 millones de dólares, que calificó de “impagable”: “No podemos permitir que se nos obligue a escoger entre pagarles a policías, maestros y enfermeras o pagar la deuda”-señaló dramáticamente a quien quisiera oírlo-. Como era de esperar, el líder de la oposición calificó de irresponsables sus afirmaciones, descartando que la isla fuera, como algunos ya le han llamado, “la Grecia del Caribe”. Sin embargo, lo cierto es que la situación económica de la isla es delicada, como lo evidencian algunas cifras: entre 1980 y el año 2000, el promedio anual de personas que abandonaron Puerto Rico para radicarse en EEUU fue de 12 mil personas; mientras la emigración hacia el continente entre el año 2000 y el 2013 llegó a un promedio de 48 mil portorriqueños. Es una realidad delicada, porque esa fuga de mano de obra afecta la base de recaudación tributaria, agravando la situación económica.

Como lo manifestara recientemente la Corte Suprema Federal, Puerto Rico pertenece, pero no es parte de los Estados Unidos de América. Su condición de “Estado Libre Asociado” (ELA) constituye uno de los últimos resabios del Tratado de París de 1898, en virtud del cual EEUU recibió Puerto Rico, junto a Guam y Filipinas por 20 millones de dólares de una derrotada España. En pleno siglo XXI, representa una forma encubierta de colonialismo que ha sido objeto de varios pronunciamientos por parte del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas desde hace tres décadas, sin que se hayan traducido en cambio alguno. El sentimiento del pueblo boricua, sin embargo, es relativamente claro: en el referéndum del año 2012, el 54% de los votos válidos respondieron NO a la pregunta de si estaba de acuerdo con el actual estatus de “Estado Libre Asociado”. Preguntados acerca de la opción preferida, sólo un 5% de los votos válidos se inclinó por la independencia, contra un 61% que se manifestó por la llamada “estadidad”: la incorporación como un Estado más –el 51avo- a los Estados Unidos de América. Sin embargo, no se divisa ninguna decisión en tal sentido de parte del gobierno norteamericano, aunque tampoco en sentido contrario. Todo parece indicar que la idea es prolongar un cómodo status quo en las relaciones con Puerto Rico.

Es claro que la especial relación de Puerto Rico con los EEUU significa ventajas para ambos países. Sin embargo, hay ciertas incongruencias que cada vez más, resultan difíciles de justificar. Recientemente, el juez del Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, Juan R. Torruella del Valle, resolvió que la definición de “Estado” en el Código de Quiebras federal incluía inicialmente a Puerto Rico y que las enmiendas de 1984, quitando la protección de quiebras a los municipios de Puerto Rico, son inconstitucionales pues carecen de base racional. En tanto, los tribunales de EEUU han anulado la legislación portorriqueña, que permite a los distritos locales declararse en bancarrota. En la Isla caribeña, voces oficialistas claman por una modificación legal que les allane el camino a una solución equivalente a la que permitió a Detroit declararse en quiebra el año 2013 y de ese estado, resurgir paulatinamente. Se trata de una situación tanto más arbitraria si se considera que en cambio, para otras materias, Puerto Rico es tratado como un integrante más de los EEUU, con evidentes perjuicios para su economía.