Tema
Dirección del Trabajo
Dictamen establece que el personal regido por la Ley N°19.378 solo puede percibir remuneraciones expresamente contempladas en la ley, excluyendo beneficios otorgados por práctica reiterada o acuerdos implícitos
25 de marzo de 2026
Recurso de protección rechazado.
El actor pidió el reconocimiento de asignaciones propias de un grado al que fue ascendido con posterioridad a su retiro, por lo que Contraloría no tomó razón de dicha reliquidación, y el Departamento de Pensiones de Carabineros mantuvo la pensión en su cálculo original.
29 de abril de 2024
Ley Orgánica de Carabineros de Chile.
La literalidad de la norma obliga a incorporar en la pensión todas las asignaciones y bonificaciones de que disfruten sus similares de igual grado y años de servicios en actividad.
19 de octubre de 2021
Falta de servicio.
La omisión en que incurrió el Municipio, consistente en no pagar al actor, a lo menos por 5 años, una asignación que por Ley se le otorgó, importa una negligencia constitutiva de responsabilidad por falta de servicio.
30 de agosto de 2021
Distinción contraria a derecho.
La resolución impugnada no explicitó razonadamente los factores considerados para adoptar la decisión.
16 de agosto de 2021
Dirección del Trabajo.
Se trata de las asignaciones de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración, Tramo de Desarrollo Profesional y la Bonificación de Reconocimiento Profesional.
07 de julio de 2021
Criterio objetivo.
Los actores reprobaron sostenidamente el examen rendido ante la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM).
18 de junio de 2021
Dictamen.
El pronunciamiento se refiere a las asignaciones de zona, de zona extrema, de antigüedad y de funciones.
25 de mayo de 2021
Hay votos en contra.
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado contra la Dirección General de Carabineros por no reconocer a una funcionaria civil los beneficios económicos del artículo 33 de la Ley 18.961, pese a su equivalencia con el personal de fila desde 1989. El Tribunal estimó que la omisión de emitir el acto administrativo correspondiente vulneró el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, pues en casos similares sí se había otorgado dicho reconocimiento. Dos ministros votaron en contra, argumentando que la asimilación de grado no implica necesariamente iguales beneficios económico
27 de marzo de 2012