Tema
Contratación pública
El Tribunal concluyó que el mecanismo de reajustabilidad por IPC no era aplicable, ya que al momento de solicitarse el reajuste todas las prestaciones habían sido ejecutadas y pagadas, extinguiéndose las obligaciones derivadas del contrato
22 de junio de 2026
Moción ingresada al Senado
La iniciativa propone modificar la Ley N°19.886 para restringir el uso reiterado de licitaciones privadas en bienes estandarizados, fortalecer la fundamentación de mecanismos excepcionales y establecer mayores certezas jurídicas en procesos de compras públicas
15 de mayo de 2026
Zofri
El organismo precisó que la extensión del contrato puede acordarse directamente entre las partes, manteniendo beneficios vigentes y ajustándose a las normas actuales.
19 de abril de 2026
Casación fondo rechazada
Confirmó que las obras realizadas por la arrendataria en un inmueble fiscal no generan derecho a indemnización cuando fueron ejecutadas sin autorización expresa de la autoridad administrativa y el contrato establece que tales mejoras sólo pueden retirarse antes del término del arriendo.
18 de marzo de 2026
Acción protección rechazada
Estableció que los conflictos relativos a multas por atraso y descuentos practicados en estados de pago, en el marco de contratos regidos por el Reglamento para Contratos de Obras Públicas, deben ventilarse en las sedes ordinarias correspondientes y no a través de la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución.
23 de febrero de 2026
Inaplicabilidad
Cuestiona normas de la Ley de Compras Públicas y del Código del Trabajo, al estimar que imponen una sanción desproporcionada y vulneran el debido proceso, la igualdad ante la ley y la libertad económica
19 de enero de 2026
Ley N° 19.886
Senadoras proponen modificar Ley de Compras Públicas para garantizar derechos permanentes. Regular infraestructura, maquinaria y carga laboral. Incluir beneficios en la ley para evitar la incertidumbre anual. Exige condiciones adecuadas para prevenir accidentes y enfermedades. Obligar a las empresas a informar su situación financiera y las enfermedades frecuentes del personal.
13 de enero de 2026
Acción protección rechazada
Sostuvo que las controversias relativas al cobro de garantías y al cumplimiento de obligaciones contractuales deben resolverse en procedimientos de lato conocimiento, al exceder el ámbito cautelar y urgente propio de la acción de protección.
19 de diciembre de 2025
Casación fondo rechazada
Confirma que el contratista asumió obligaciones integrales de diseño y ejecución conforme a las bases administrativas, que los gastos adicionales debían acreditarse formalmente y que las multas administrativas, una vez firmes, no pueden ser revisadas en sede judicial ni alterarse los hechos asentados por los jueces del fondo.
19 de diciembre de 2025
Con votos en contra
La Magistratura concluyó que la medida prevista en la Ley N° 19.886 no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, al tratarse de una consecuencia razonable y temporal de una sentencia ejecutoriada por vulneración de derechos fundamentales.
28 de octubre de 2025
Requerimiento de inaplicabilidad.
Alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el principio de proporcionalidad, el debido proceso, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica y el principio de seguridad jurídica, desde que al remitirse el fallo a la Dirección del Trabajo para que proceda a registrarlo y publicarlo, no podrá contratar con el Estado el uso de estadios para la disputa de diversos espectáculos deportivos, siendo uno de ellos el próximo mundial juvenil.
05 de febrero de 2024
Requerimiento de inaplicabilidad.
El requirente alega que la norma legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo, y los principios de servicialidad del Estado y de seguridad jurídica, desde que excluirla para poder celebrar contratos con la Administración Pública le impedirá recibir la subvención del Estado como sostenedora de una escuela.
05 de enero de 2024
Contratos administrativos.
Además, no se advierte la manera en que dicha ampliación del plazo pudo beneficiar solo al proveedor que finalmente resultó adjudicado ni tampoco de verifica que se haya producido un perjuicio fiscal.
27 de enero de 2023
En un pronunciamiento sobre cuestiones prejudiciales.
Los Estados miembros deben reservar el derecho a participar en el procedimiento de adjudicación de los contratos públicos de servicios sociales de asistencia a las entidades sin ánimo de lucro, siempre que los beneficios que se deriven de la ejecución de dichos contratos sean reinvertidos por dichas entidades con el fin de alcanzar el objetivo social de interés general que persiguen.
15 de agosto de 2022
Sanciones en contratos públicos
El presente artículo analiza la calidad que actualmente se le atribuye a las multas contractuales derivadas de los contratos administrativos regidos por la Ley Nº 19.886. Se analiza someramente tanto la jurisprudencia administrativa, judicial y la postura que tiene la doctrina mayoritaria sobre la materia.
10 de diciembre de 2021