Diario Constitucional

Recurso de casación acogido.

La quiebra del suscriptor del pagaré no impide el cobro del documento al avalista.

Respecto de quién, de acuerdo al artículo 117 Nº1 de la Ley Nº20.720, el acreedor no puede pedir su liquidación forzosa invocando la falta de pago de la obligación por él garantizada.

Por Redacción·04 de noviembre de 2020·3 min de lectura
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La Corte Suprema acogió el recurso de casación en el fondo interpuesto por el ejecutante en contra de la sentencia que revocó el fallo de primer grado para acoger, erróneamente, la excepción de falta de mérito ejecutivo del título.

Lo anterior, al estimar que la sentencia infringe lo dispuesto en los artículos 138 y 255 de la Ley Nº20.720, toda vez que los jueces de segundo grado, para acoger la excepción, consideraron que el crédito cobrado se encontraba sujeto a un plazo extintivo o resolutorio, cual es, la dictación de la resolución de término de la liquidación concursal del suscriptor del pagaré, lo que es un error desde que la quiebra del suscriptor del pagaré no impide el cobro del documento al avalista, respecto de quién, por lo demás y de acuerdo a lo que expresamente dispone el artículo 117 Nº1 de la ley en estudio, el acreedor no puede pedir su liquidación forzosa invocando la falta de pago de la obligación por él garantizada.

Sobre la contradicción que a juicio de los jueces de segundo grado existiría entre lo que dispone el artículo 138 y el artículo 255 de la Ley Nº20.720, el máximo Tribunal señala que no es tal. En efecto, el artículo 138 autoriza en forma expresa la exigibilidad del pago a los obligados distintos del deudor de una letra de cambio o pagaré. En tanto, el artículo 255, ubicado en la Párrafo 4 del Título 5 «Del pago del Pasivo», dispone: «Efecto de la Resolución de Término. Una vez que se encuentre firme o ejecutoriada la resolución que declara el término del Procedimiento Concursal de Liquidación, se entenderán extinguidos por el sólo ministerio de la ley y para todos los efectos legales los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por el Deudor con anterioridad al inicio del Procedimiento Concursal de Liquidación».

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