Sujetos del proceso penal en Chile
Leer o escuchar comentarios como: “la justicia no actuó”, que “la policía dejó libre” a una persona o que “el fiscal decidió absolverla” es común hoy en día en razón a que nacen de la legítima necesidad de obtener una respuesta. Sin embargo, también muestran que no siempre existe claridad sobre quién investiga, quién acusa, quién defiende y quién tiene la facultad de decidir.
Por Marcella Balladares Saavedra
Introducción.
El proceso penal en Chile no depende de una sola autoridad, sino que constituye un sistema complejo en el que diversas instituciones y personas cumplen funciones específicas y diferenciadas.
Comprender quién investiga, quién acusa, quién defiende y quién decide es fundamental para ejercer derechos de manera informada y asegurar que la justicia actúe dentro de los límites legales.
1. ¿Quiénes son los «intervinientes» en el sistema procesal penal?
Técnicamente, el Código Procesal Penal denomina intervinientes al fiscal, al imputado, al defensor, a la víctima y al querellante.
Cada uno posee facultades y deberes específicos dentro de la causa. Por su parte, el Tribunal actúa como un tercero imparcial que decide sobre las solicitudes de estos intervinientes.
2. ¿Qué función cumple el Ministerio Público o Fiscalía?
Es el organismo encargado de dirigir la investigación de los delitos. Sus funciones principales incluyen reunir antecedentes, ordenar diligencias a las policías y solicitar autorizaciones al juez cuando se requiere afectar derechos fundamentales, como en el caso de un allanamiento.
Un aspecto técnico crucial es que el fiscal actúa bajo el principio de objetividad, lo que significa que debe investigar tanto los hechos que demuestran la culpabilidad como aquellos que puedan favorecer o exculpar al imputado. Aunque debe proteger a la víctima, el fiscal representa el interés público y no es el abogado personal de esta.
3. ¿Cuál es el rol de las policías en este proceso?
Tanto Carabineros de Chile como la Policía de Investigaciones (PDI) actúan como colaboradores del Ministerio Público. Su labor es material: reciben denuncias, resguardan el sitio del suceso, buscan evidencias y detienen personas bajo órdenes judiciales o en casos de flagrancia. Es importante notar que la policía no decide si alguien es culpable y debe seguir las instrucciones del fiscal durante la investigación.
4. ¿Quién es el imputado y qué derechos lo protegen?
El imputado es la persona a quien se le atribuye participación en un hecho que podría ser delito. Goza de la presunción de inocencia, lo que implica que debe ser considerado inocente hasta que una sentencia firme demuestre lo contrario.
Entre sus derechos fundamentales se encuentran el de guardar silencio, conocer los hechos de los que se le acusa y contar con un defensor (abogado) desde el inicio del proceso para garantizar una defensa técnica adecuada.
5. ¿En qué se diferencia la víctima del querellante?
La víctima es la persona directamente ofendida por el delito y tiene derecho a ser escuchada y protegida durante el proceso.
Sin embargo, si la víctima desea tener un rol más activo y presentar pruebas o pedir diligencias directamente, debe adquirir la calidad de querellante a través de la presentación de una querella con el patrocinio de un abogado.
Mientras que la denuncia solo comunica un hecho, la querella permite intervenir judicialmente con mayores facultades procesales.
6. ¿Quién tiene la facultad de decidir sobre el caso?
La facultad de decisión recae exclusivamente en el Tribunal. Existen dos instancias principales:
- Juez de Garantía: Controla que la investigación sea legal, autoriza medidas que afecten derechos y resuelve sobre medidas cautelares.
- Tribunal Oral en lo Penal: Si el caso llega a juicio, este tribunal escucha las pruebas de todas las partes y dicta la sentencia final, ya sea condenando o absolviendo.
Conclusión.
La estructura del proceso penal chileno se basa en la separación de funciones para garantizar un juicio justo.
El hecho de que quien investiga (Fiscalía) no sea el mismo que juzga (Tribunal), y que exista una defensa obligatoria para el imputado, asegura un equilibrio que protege los derechos de todos los involucrados.
Una justicia confiable se construye sobre investigaciones objetivas, la protección efectiva de las víctimas y decisiones judiciales fundadas estrictamente en las pruebas obtenidas conforme a la ley.
Bibliografía:
Ley N.º 19.640. (1999). Establece la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público. Diario Oficial de la República de Chile, 15 de octubre de 1999. https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145437
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Constitución Política de la República de Chile [C.P.]. (1980). Diario Oficial de la República de Chile, 24 de octubre de 1980.
Ley N.°19.696. (2000). Establece Código Procesal Penal. Diario Oficial de la República de Chile, 12 de octubre de 2000.
Horvitz Lennon, M. I., & López Masle, J. (2002). Derecho procesal penal chileno: Principios, sujetos procesales, medidas cautelares y etapa de investigación (Tomo I). Editorial Jurídica de Chile.
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