Por unanimidad.
CS confirmó fallo que rechazó amparo en contra del Ministerio del Interior por decretar orden de expulsión del país de ciudadano peruano.
La Corte consideró que los fundamentos del acto administrativo no se ajustan a las causales de expulsión que detenta la autoridad pública.

En forma unánime, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió recurso de amparo deducido por ciudadano peruano en contra del ministerio del Interior y Seguridad Pública por haber dictado orden de expulsión existente en su contra a través del Decreto N° 1.361, de 24 de noviembre del 2008, que fuera notificada el 2 de junio de 2009.
En su libelo, el amparado refiere que la orden de expulsión que impugna por esta vía se fundó en condenas por dos delitos contra la propiedad intelectual cometidos en los años 2005 y 2008, precisando que uno de ellos terminó con condena y el otro con salida alternativa de suspensión condicional del procedimiento. Sin embargo, reconoce que además el año 2007 fue condenado por delito de conducción en estado de ebriedad y el 2008 por el delito de conducción bajo la influencia del alcohol.
El recurrido señala en su informe que la decisión administrativa ha sido dictada por la autoridad competente y en uso de las atribuciones previstas en el Ley de Extranjería, fundado en lo dispuesto en el artículo 17 en relación con el 15 N° 2, relativos a los extranjeros que se dediquen al tráfico ilícito de estupefacientes y, en general, a los que ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres, de lo que se colige que no existe acto arbitrario ni ilegal que atribuirle al Servicio. Agrega que se encuentra pendiente la resolución de una solicitud de reconsideración efectuada por el amparado ante el Departamento de Extranjería y Migraciones.
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