Empresa recurre al Tribunal Constitucional por exclusión de prueba en causa por delitos económicos

Según plantea, ambos intervienen en la persecución penal y pueden verse afectados por la exclusión de antecedentes necesarios para sostener la acusación.

La empresa también sostiene que la desigualdad se produjo dentro del mismo proceso. Explica que el tribunal excluyó una declaración de renta presentada por la parte querellante, pero permitió incorporar facturas presentadas por la defensa correspondientes al mismo período, precisamente porque podían ser relevantes para determinar el tamaño de la sociedad.

Otro de sus argumentos se relaciona con el debido proceso. La requirente afirma que los documentos excluidos no se refieren a un aspecto secundario de la causa, sino a una cuestión que podría determinar si corresponde aplicar el régimen especial establecido por la Ley de Delitos Económicos.

A juicio de la empresa, permitir que un tribunal superior revise si una prueba debe ser admitida no afectaría los principios de oralidad e inmediación. Esto, porque esa revisión no implicaría valorar la prueba. Si los documentos fueran admitidos, correspondería posteriormente al tribunal que realice el juicio recibirlos y determinar qué valor probatorio tienen.

La requirente agrega que, si una exclusión incorrecta solo pudiera corregirse después de realizado el juicio, podría ser necesario retrotraer el procedimiento y realizar un nuevo juicio, con el consiguiente uso de recursos públicos.

La empresa también sostiene que existe un vacío en las posibilidades de recurrir contra la decisión. Explica que la reposición fue declarada improcedente, la apelación fue considerada inadmisible y que el recurso de nulidad tampoco permitiría corregir directamente la exclusión de los documentos.

Por esta razón, afirma que no tendría otra vía efectiva para que un tribunal superior revise la decisión.

Según la requirente, esta situación afecta el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, garantías que relaciona con la Constitución y con los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Finalmente, la empresa analiza decisiones anteriores del Tribunal Constitucional que han rechazado impugnaciones similares contra el artículo 277, inciso segundo, del Código Procesal Penal, pero sostiene que esos casos serían distintos del suyo. Entre otras razones, señala que en su causa existiría una diferencia de trato entre la parte querellante y la defensa; que la prueba excluida sería relevante para determinar si corresponde aplicar la Ley de Delitos Económicos; y que no existiría otra vía para revisar la decisión.

En definitiva, la empresa sostiene que la aplicación conjunta de las normas cuestionadas impediría que la Corte de Apelaciones revise una exclusión de prueba que considera determinante para la causa.

Alega que esta situación vulneraría la igualdad ante la ley, el ejercicio igualitario de la acción penal, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Por estas razones, pide al Tribunal Constitucional declarar inaplicables las disposiciones cuestionadas para resolver el recurso de hecho pendiente ante la Corte de Talca.

La Segunda Sala de la Magistratura Constitucional debe resolver si admite a trámite el requerimiento y confiere traslado a las partes de la gestión pendiente para que formulen observaciones acerca de su admisibilidad. En caso de declararse admisible, corresponderá luego al Pleno del Tribunal pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Vea texto requerimiento Tribunal Constitucional Rol Nº18.067-26-INA y expediente.