Con voto en contra.
Norma que establece la solidaridad de directores y administradores en el pago de las multas aplicables a personas jurídicas por conductas contrarias a la libre competencia, no es inaplicable sentencia el Tribunal Constitucional.
La solidaridad pasiva prevista en el precepto legal impugnado opera como un mecanismo de afianzamiento de la responsabilidad personal del pago de la multa impuesta y no constituye una segunda sanción.
El Tribunal Constitucional rechazó dos requerimientos de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, que impugnaron el artículo 26, letra c), párrafo primero, oración final, del Decreto Ley N° 211, que fija normas para la Defensa de la Libre Competencia.
El precepto legal impugnado establece:
“En la sentencia definitiva, el Tribunal podrá adoptar las siguientes medidas:
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