Norma que regula instrucciones del Ministerio Público a las policías es materia de ley común, resuelve Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional resolvió no emitir pronunciamiento, en sede de control preventivo de constitucionalidad, respecto de una norma del proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para aumentar el plazo máximo en que una situación puede ser considerada como flagrancia. La Magistratura concluyó que la disposición sometida a revisión, relativa a las instrucciones generales que puede impartir el Ministerio Público para la ejecución de diligencias investigativas por las policías, es materia de ley común y no de ley orgánica constitucional.

La iniciativa aumenta el plazo máximo para considerar una situación dentro de las hipótesis de flagrancia. Además, introduce cambios destinados a ampliar y precisar las facultades de las policías y de la Autoridad Marítima en la persecución penal, así como a reforzar los mecanismos para obtener y custodiar registros audiovisuales e información útil en la investigación de delitos flagrantes.

La disposición sometida al control del Tribunal Constitucional modifica específicamente el artículo 87 del Código Procesal Penal. Por una parte, elimina la regla que actualmente permite al Ministerio Público impartir instrucciones generales sobre diligencias inmediatas para investigar determinados delitos y, por otra, incorpora una regulación más detallada.

Conforme al nuevo texto, el Ministerio Público podrá autorizar, mediante instrucciones generales, la ejecución de diligencias de investigación en determinados delitos, siempre que se trate de actuaciones que no requieran autorización judicial. Esas instrucciones deberán establecer los criterios y condiciones para realizar las diligencias y considerar, al menos, los delitos en que procederán, el tipo de actuaciones permitidas, los mecanismos de dirección, supervisión y control, además de deberes de transparencia y rendición de cuentas.

Una vez que el hecho sea puesto en conocimiento del Ministerio Público, el fiscal a cargo podrá impartir las instrucciones que considere necesarias para el caso concreto y la actuación policial quedará sometida a ellas. Además, el inicio de la investigación continuará regulado por el artículo 172 del Código Procesal Penal y los fiscales permanecerán siempre a cargo de la investigación, sujetos a la responsabilidad establecida en su ley orgánica constitucional.

Al analizar la naturaleza de esta regulación, el Tribunal Constitucional recordó que las leyes orgánicas constitucionales tienen un carácter excepcional y deben interpretarse restrictivamente. La Constitución reserva a esta categoría únicamente las materias que expresamente determina, sin que corresponda extenderla a otras disposiciones que no regulen específicamente esos asuntos. Añadió que corresponde exclusivamente al Tribunal determinar si una norma tiene carácter orgánico constitucional, independientemente de la calificación realizada durante su tramitación en el Congreso.

Respecto del Ministerio Público, la Magistratura explicó que el artículo 84 de la Constitución reserva a la ley orgánica constitucional materias relativas a su organización y atribuciones, las calidades y requisitos de los fiscales, las causales de remoción y el grado de independencia, autonomía y responsabilidad de estos en la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal pública.

El Tribunal precisó, sin embargo, que debe distinguirse entre la creación de una nueva atribución y la regulación de la forma en que se ejerce una facultad ya existente. Solo la entrega de una atribución nueva al Ministerio Público incide en el ámbito reservado a la ley orgánica constitucional. En cambio, las modificaciones referidas a la operatividad de facultades ya contempladas en el Código Procesal Penal y las reglas procedimentales que no crean nuevas potestades pertenecen al ámbito de la ley común.

Aplicando este criterio al proyecto, la Magistratura observó que el actual artículo 87 del Código Procesal Penal ya permite al Ministerio Público regular, mediante instrucciones generales, la manera en que las policías cumplirán determinadas funciones e impartir instrucciones sobre diligencias inmediatas para investigar ciertos delitos. Esta potestad también encuentra respaldo en la Ley N°19.640, que faculta al Fiscal Nacional para dictar instrucciones generales destinadas al adecuado cumplimiento de las tareas de dirección de la investigación, ejercicio de la acción penal pública y protección de víctimas y testigos.

Asimismo, el Código Procesal Penal ya contempla que las policías puedan ejecutar determinadas diligencias de manera autónoma respecto de delitos definidos por el Ministerio Público a través de instrucciones generales. Por ello, el Tribunal estimó que la articulación entre las instrucciones generales del órgano persecutor y la actuación policial no constituye una modalidad nueva dentro del ordenamiento jurídico.