Ley N° 5.507.
Norma que sanciona el delito de robo de expedientes se impugna ante el Tribunal Constitucional en sede de inaplicabilidad.
La requirente, imputada en el procedimiento penal, estima que el hecho que el juez deba apreciar la prueba en conciencia en el caso concreto vulnera sus garantías constitucionales.
Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 4 de la Ley N° 5.507.
El precepto legal establece:
“Será castigado con la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de $100 a $1,000, el que substrajere, hurtare, robare o destruyere un expediente o proceso administrativo o judicial, que estuviere en tramitación o afinado. En la susbstanciación y fallo de los procesos por la investigación de estos delitos, los Tribunales apreciarán la prueba en conciencia”. (Art. 4, Ley N°5.507).
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