Diario Constitucional

Contratos con el Estado.

TC de Perú acogió en parte recurso contra Petróleos del Perú por anular contratos por presunto vínculo familiar de las partes.

Una cosa son las razones objetivas que justifican plenamente una eventual restricción para participar en un concurso público y otra totalmente distinta, las presunciones basadas en sospechas o simples conjeturas.

Por Redacción·21 de enero de 2020·2 min de lectura
TC de Perú acogió en parte recurso contra Petróleos del Perú por anular contratos por presunto vínculo familiar de las partes.
Referencial

El Tribunal Constitucional de Perú acogió en parte, un recurso de agravio constitucional deducido en contra de la resolución, de fecha 4 de septiembre de 2013, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Sullana, que declaró fundada la excepción de convenio arbitral y, en consecuencia, nulo todo lo actuado y por concluido el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El conflicto tuvo su origen cuando la sociedad Vulcano S.R.L., interpuso demanda de amparo en contra del Jefe de Contrataciones de Petróleos del Perú, así como contra la citada empresa, solicitando que cese la amenaza de violación a sus derechos constitucionales a la libertad de trabajo y a la libertad de contratación; amenaza que se concretizó con la Carta TL-ULOG-C0-6200-20 1, del 22 de noviembre de 2011; en consecuencia, pidió que se declare la validez y vigencia hasta su total ejecución de los Contratos 94351-YF-OBRA, 88789-YF-OBRA y 89394-ZFOBRA.

El Tribunal Constitucional del país andino señaló en su sentencia que, aunque no es cuestionable que los procesos de contratación que ofrece el Estado deben manejarse con sujeción a los principios de interés general, transparencia y buena fe, y en función a ello, establecerse restricciones para todos aquellos que puedan participar en los mismos, dichas restricciones deben tener una base elementalmente razonable y no ser enunciadas de modo abierto o indeterminado, tanto cuando la Constitución reconoce un modelo económico que privilegia la inversión privada.

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