TC deberá resolver sobre admisibilidad de requerimiento que cuestiona privilegio de ejecutivos de BancoEstado para declarar por escrito en juicios

La Primera Sala del Tribunal Constitucional admitió a trámite un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso final del artículo 22 del Decreto Ley N°2.079, de 1977, Ley Orgánica del Banco del Estado de Chile. La disposición exime al presidente y al gerente general ejecutivo de la entidad de comparecer personalmente a absolver posiciones en los juicios en que intervenga el banco, estableciendo que, si el tribunal lo requiere, deben informar por escrito. Junto con admitir a trámite el requerimiento, la Sala confirió traslado a las partes de la gestión pendiente para que se pronuncien sobre su admisibilidad y decretó la suspensión del procedimiento en que incide.

La gestión pendiente corresponde a un incidente de nulidad de notificación en un juicio ejecutivo. Durante el término probatorio, la parte ejecutada solicitó citar personalmente al gerente general ejecutivo de BancoEstado a absolver posiciones, a lo que el tribunal accedió. El banco interpuso un recurso de reposición, invocando la norma cuestionada para solicitar que la diligencia fuera sustituida por un informe escrito. El tribunal acogió esa reposición, decisión contra la cual la parte ejecutada interpuso reposición con apelación subsidiaria. La primera fue rechazada y la apelación se encuentra pendiente. Según el requirente, la aplicación del precepto impugnado resulta decisiva para la resolución de esa controversia y para la rendición de una prueba que considera esencial.

El requirente sostiene que la aplicación de la disposición produciría un resultado contrario a la Constitución, al impedir la rendición efectiva de una prueba y afectar su derecho a probar los hechos en el juicio.

En primer lugar, alega una vulneración de la igualdad ante la ley, pues no existiría un fin constitucionalmente legítimo que justifique eximir al gerente general ejecutivo de BancoEstado de absolver posiciones, mientras los gerentes generales de otros bancos comerciales no cuentan con ese privilegio. A su juicio, se trata de una prerrogativa corporativa establecida en 1977 que resulta incompatible con el principio de igualdad.

Asimismo, invoca una infracción al derecho a un procedimiento racional y justo. Argumenta que la exención restringe el derecho a la prueba y altera la igualdad de armas, al sustituir la declaración personal, la inmediación y la posibilidad de repreguntar por un informe escrito, en los términos previstos en el artículo 390 del Código de Procedimiento Civil.