Medio ambiente.
TC declara admisibilidad de inaplicabilidad pretendida por empresa que impugna norma de Ley de Pesca en causa en la que el Consejo De Defensa del Estado la demandó basándose en presunciones de existencia de daño ambiental.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponde al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.

El Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto del artículo 118 quáter del Decreto N°430 que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.
La gestión pendiente incide en autos sobre sobre reparación de daño ambiental, seguido ante el Tercer Tribunal Ambiental, en los que el Consejo de Defensa del Estado demanda a la empresa requirente a partir de un oficio contenida en Resolución de SERNAPESCA, la cual aplicando lo establecido en el artículo 118 quáter de la LGPA tuvo por configurado su supuesto de hecho, pasando a presumir la existencia de daño ambiental, estableciendo el término de la contingencia de escape de peces
Cabe recordar que la empresa requirente estima que el precepto impugnado infringiría la igualdad ante la ley, toda vez existe una diferencia sustancial respecto a los elementos probatorios y la fuerza de los mismos que tiene a su disposición el CDE, en tanto no debe probar nada, pues todos los elementos se presumen en virtud de esta escala de presunciones circular y tautológica, mientras que la requirente, debe probar hechos negativos respecto a todos y cada uno de los elementos de la responsabilidad ambiental, diferencia que en el caso concreto es arbitraria e injustificable. Es decir, no solo se verifica una desigualdad ante la ley mediante el establecimiento en términos prácticos de un estatuto desigual y más gravoso de responsabilidad ambiental, sino que también se produce una desigualdad de armas en la sustanciación de un procedimiento que busca hacer efectiva tal pretensión, lo que implica una clara desigualdad de trato.
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