Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros.
El precepto impugnado dispone lo siguiente: “No obstante lo expresado en los artículos 27 y 28 al aplicar una multa, la Superintendencia, a su elección, podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular”. Las normas a las que se hace referencia, regulan las sanciones para las sociedades anónimas, y para personas y entidades diversas de éstas, sujetas a la fiscalización de la Superintendencia mencionada.
La gestión pendiente incide en un juicio sumario de reclamación de multa, seguido ante el 23° Juzgado Civil de Santiago. La multa fue impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros en el marco del denominado “caso cascadas”.
La Primera Sala del TC declaró admisible el requerimiento de inaplicabilidad, por cuanto los antecedentes examinados permiten concluir que se dio cumplimiento a todos los requisitos exigidos por el artículo 93, inciso decimoprimero, de la Constitución Política, en relación con lo previsto en el artículo 84 de la LOCTC.
Asimismo, se ordenó la suspensión del procedimiento sustanciado ante el 23er Juzgado Civil de Santiago.
Luego de que la Sala designada por el Presidente del TC declarara la admisibilidad del requerimiento deducido, le corresponderá al Tribunal Pleno, en definitiva, emitir pronunciamiento sobre el fondo de la impugnación.
Vea texto íntegro del requerimiento y expediente Rol N° 3014-16.
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