Acerca del reconocimiento de los vínculos afectivos y de los derechos del niño, entre los intereses de la persona y de la sociedad: una protección aun no completada.

En un artículo publicado recientemente, Romana Pacia, académica italiana, analiza la legislación italiana en materia de uniones civiles homosexuales y su relación con la protección de los derechos del niño.

El artículo comienza exponiendo que las dos instituciones reguladas por la Ley Nº 76 del 20 de mayo de 2016, referida a “Reglamentación de las uniones civiles entre personas del mismo sexo y disciplina de las convivencias”, derivan de necesidades diferentes porque, en la realidad social, la regulación de una disciplina de la familia de hecho venía especialmente requerida por aquellos que no tenían una institución alternativa para regular su relación. Es decir los homosexuales. Por lo tanto, por un lado, existía la posibilidad de otorgar también a estos el derecho a contraer matrimonio (solución excluida por la jurisprudencia según la cual la diversidad de sexo resulta una condición implícita para la existencia del matrimonio dentro de la disciplina del código civil) o alternativamente, la de dar origen a una institución, la unión civil, a través de la cual pudiera regularse dichos vínculos; por otro lado, se planteaba la posibilidad de contemplar una disciplina menos incisiva que la convivencia de hecho, abierta a todas las parejas. Ello a fin de no afectar la libertad de elección de la persona para organizar su propia vida. Por tanto, se regulan dos tipos de instituciones: la unión civil y la convivencia de hecho.

A continuación, la autora señala que la unión civil es una institución muy parecida al matrimonio. En realidad, las diferencias principales se refieren a las modalidades de disolución más fácil y más rápida, porque la unión civil no requiere para ello la separación personal de los cónyuges, circunstancia que, en la mayoría de los casos, resulta un presupuesto necesario para obtener el divorcio. Del mismo modo, existen algunas diferencias sustanciales. En particular, en la unión civil no existe el deber de fidelidad, pero este, aun no siendo un deber impuesto normativamente, el mismo tiene que ser respetado por las partes de la unión civil. Además, las partes pueden optar durante el transcurso de la unión civil por utilizar un apellido común, elegido entre sus dos apellidos individuales. Por su parte, la convivencia de hecho requiere la presencia conjunta de requisitos positivos (participación de dos personas, mayoría edad, estabilidad del vínculo afectivo y asistencial) y negativos (ausencia de parentesco y afinidad, adopción, matrimonio o unión civil). Así, el sistema parece diseñado para regular no la relación entre las personas que no puedan casarse o unirse civilmente, sino sólo aquella entre aquellos que, aun pudiendo hacerlo, han optado por no formalizar su propia situación familiar. En realidad, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la nueva disciplina todas las convivencias en la cuales una persona está conjugada o unida civilmente, con problemas relevantes especialmente en la primera hipótesis, porque la disolución del matrimonio -en la mayoría de los casos- depende de la separación anterior.