Se solicitó declarar inaplicable, por inconstitucional, el artículo 4 de la Ley N° 18.600 que establece normas sobre deficientes mentales.

La norma impugnada establece, en esencia, el procedimiento para decretar la interdicción definitiva por demencia y nombrar curador definitivo respecto a las personas cuya discapacidad mental se haya inscrito en el Registro Nacional de la Discapacidad.

La gestión pendiente incide en autos sobre gestión voluntaria de declaración de interdicción por demencia, seguidos ante el 15° Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en actual conocimiento de la Corte de Santiago por recurso de apelación, en los que la requirente se opone a la solicitud de declaración de interdicción de su padre presentada por su hermana, la que además solicita ser nombrada curadora definitiva.

La requirente estima que el precepto impugnado vulnera el debido proceso, pues no contempla ninguna etapa que permita a los interesados, ya sea el supuesto demente o sus parientes, para oponerse formalmente a la solicitud de interdicción por esa causa, y por ende, tampoco consagra una etapa probatoria para tales efectos; todo lo cual infringe el derecho a defensa material, la bilateralidad de la audiencia y a acreditar las alegaciones efectuadas dentro del procedimiento. Asimismo, considera que conculca el principio de juridicidad, por cuanto impide al juez conocer y juzgar en sentido diverso a aquel establecido en la certificación de discapacidad emitido por el COMPIN.

La Sala designada por el Presidente del TC tendrá que resolver si admite a trámite la impugnación, para luego pronunciarse sobre su admisibilidad. En el caso que se declare admisible, le corresponderá luego al Tribunal Pleno emitir pronunciamiento sobre el fondo del requerimiento.

Vea textos íntegros del requerimiento y el expediente Rol N° 6726-19.

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