Por unanimidad, la Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Santiago y acogió un recurso de protección deducido por una funcionaria en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles por haber sido sancionada con la destitución en un sumario administrativo.

En el escrito, se señala haber recurrido de acción de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) por la dictación de la resolución N° 015/001, de fecha 22 de enero de 2018, que, rechazó recurso de apelación subsidiaria presentado por la recurrente y le aplicó la destitución por actos que vulneró la probidad administrativa.

La recurrente estimó vulneradas sus garantías del artículo 19 de la Constitución numerales 2 y 24.

La Corte de Santiago indicó en síntesis en su sentencia que, en el caso presente, y en cuanto al acto que se denunció como arbitrario o ilegal (resolución N° 015/001 de 22 de enero de 2018 que rechazó el recurso de apelación subsidiaria, le aplicó la medida disciplinaria de destitución), cabe indicar que tal decisión fue el acto final de un proceso administrativo sancionatorio, que apareció debidamente fundamentado y sin que se acreditó como -sostuvo la actora- que en el mismo se hubieren cometido irregularidades que le impidieran ejercer sus derechos a fin de defenderse adecuadamente de los cargos formulados. Razones por las que se rechazó el recurso de protección.

Sin embargo, la Corte Suprema revocó la sentencia apelada y en su lugar acogió el recurso de protección señalando en su sentencia que, en el caso concreto, el respeto al principio de proporcionalidad impidió aplicar la sanción de destitución a la recurrente, pues ello importaría una violación al principio de proporcionalidad y, por lo mismo, de la garantía de igualdad ante la ley, máxime si, otras dos funcionarias investigadas fueron sancionadas con la medida disciplinaria de multa consistente en la privación de un 20% de la remuneración mensual y con una anotación de demérito de cuatro puntos en el factor de calificación correspondiente, medida contemplada en el artículo 121 letra b) y 123 letra c) de la Ley N° 18.834, sanción que se aviene más a la naturaleza de las dos faltas cometidas que, efectivamente, deben ser sancionadas.

Por lo que el máximo Tribunal dispuso que, se dejara sin efecto la sanción de destitución que le fuera aplicada a la recurrente, debiendo imponer la autoridad administrativa la sanción de multa consistente en la privación de un 20% de la remuneración mensual y una anotación de demérito de cuatro puntos en el factor de calificación correspondiente.

Vea textos íntegros de las sentencias Corte Suprema Rol N° 18823 – 2019 y  Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 26992-2018

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