CS acoge demanda contra CONADI por despido injustificado de funcionarias a honorarios.

En fallo unánime, la Corte Suprema acogió recurso de unificación de jurisprudencia y la demanda presentada en contra de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), por el despido injustificado de dos funcionarias contratadas a honorarios y que cumplieron funciones permanentes en el programa Chile Indígena.

La sentencia sostiene que en el presente caso, los hechos establecidos en la sentencia de base y que tienen el carácter de inamovibles para esta Corte, dan cuenta que las demandantes se desempeñaron en condiciones incompatibles con las que rigen los contratos a honorarios y que la normativa llamada a regular esta vinculación, es la del Código del Trabajo, puesto que la forma en que prestaron sus servicios, evidenciaron claros indicios de laboralidad, subordinación y dependencia, ya que se les exigía asistencia diaria, cumplimiento de horarios y control de ingreso, pudiendo incluso servir horas extras. Igualmente, debían acatar órdenes e instrucciones, vestir ropas institucionales de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y, además, eran fiscalizadas mediante la aprobación de los informes mensuales de los que dependía su remuneración mensual, dirección que también se ejercía en cada jornada, por cuanto estaban sujetas a las pautas entregadas por su jefatura.

La resolución agrega que asimismo, se colige de los hechos establecidos por la judicatura del fondo, que las actividades que en concreto debían ejecutar las actoras para el programa ‘Chile Indígena’, correspondían a la función privativa que la ley entregó a la corporación demandada y útil a su finalidad organizacional de desarrollo de políticas públicas para los pueblos originarios, propósito descrito en el artículo 39 de la Ley N°19.253, que atribuye a la demandada la obligación de ‘promover, coordinar y ejecutar, en su caso, la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional‘, constatándose que las funciones para las que fueron contratadas en el marco del programa aludido, constituyen, precisamente, tareas propias y habituales del organismo, muy ajenas, por cierto, a la necesaria accidentabilidad y ocasionalidad que requiere el artículo 11 de la Ley N°18.834 para entender que sus contrataciones se enmarcaban en esta disposición.