Se dirigió a la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos, consultando si procede continuar pagando la asignación de movilización prevista en la letra b) del artículo 98 de la ley N° 18.834 a aquellos funcionarios que, con anterioridad a la implementación del plan de contingencia sanitario producido por la pandemia COVID-19, la percibían, pero que actualmente se encuentran cumpliendo sus labores en forma remota desde sus domicilios o lugares en donde se encuentran.
Al respecto, Contraloría expuso que la asignación de movilización es un beneficio de carácter indemnizatorio, que tiene por objeto resarcir los gastos de transporte en que incurre el funcionario en el cumplimiento de las visitas domiciliarias o labores inspectivas que deba realizar, por la naturaleza de su cargo, fuera de las dependencias en que trabaja habitualmente, pero dentro de la ciudad donde se desempeña. Así lo ha establecido la jurisprudencia de esta Entidad Contralora contenida, entre otros, en los dictámenes N°s. 10.489, de 2008, y 72.931, de 2009.
Posteriormente, la entidad fiscalizadora manifestó que, en este sentido, cabe inferir que ese emolumento solo se paga durante el tiempo en que se cumpla con la totalidad de los presupuestos que lo hacen exigible, toda vez que dicha asignación se suspende, por ejemplo, durante feriados, licencias, comisiones de servicio o cuando el servidor no incurre en el respectivo gasto de movilización (aplica criterio contenido en dictámenes N°s. 28.074, de 2005 y 73.178, de 2010, de este origen).
Enseguida, el órgano de control expuso que, de este modo, es dable señalar que no resulta suficiente para proceder a la solución del estipendio de que se trata, el hecho de que, tal como manifiesta el servicio recurrente, su personal se encuentre ante la eventualidad de ser convocado a su lugar de trabajo y de tener que realizar visitas domiciliarias o labores inspectivas fuera de aquel, pero dentro de la ciudad donde ejerce su cargo, puesto que, para que ello proceda, se requiere, entre otras condiciones copulativas, que los funcionarios hayan llevado a cabo efectivamente el desplazamiento en el ejercicio de dichas labores, incurriendo en gastos de traslado que debieron solventar (aplica dictamen N° 60.769, de 2011).
Finalmente, el órgano contralor adujo que, en consecuencia, con el mérito de lo expuesto, cabe concluir que no procede que el Servicio de Impuestos Internos continúe pagando la asignación que contempla la letra b) del artículo 98 de la ley N° 18.834 a aquellos funcionarios que, con anterioridad al cumplimiento del plan de contingencia sanitaria producido por la pandemia COVID-19, la percibían, si no verifican efectivamente la totalidad de los requisitos legales exigidos al efecto.
Sin perjuicio de aquello, y en concordancia con el principio de enriquecimiento sin causa, procede señalar que el referido personal tendrá derecho al reembolso de los gastos de movilización, cuando por disposición de la autoridad deba efectuar visitas domiciliarias o labores de fiscalización (aplica criterio contenido, entre otros, en el dictamen N° 25.745, de 2017).