Chilenos en el extranjero presentan recurso de protección ante imposibilidad de obtener clave única para cambiar el domicilio electoral, lo que les impediría participar en el Plebiscito.

Un grupo de ciudadanos chilenos, con actual residencia en el extranjero, han deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del Servicio Electoral (SERVEL), el Servicio Nacional de Registro Civil e identificación y del Ministerio de Relaciones Exteriores, por encontrarse imposibilitados del ejercicio de su derecho a voto en el próximo plebiscito nacional por una nueva Constitución.

Explican que, en los hechos, la posibilidad de obtener la clave única y su posterior activación para proceder al cambio de domicilio electoral se ha tornado imposible, debido al protocolo establecido por el propio Registro Civil en su calidad de administrador de dicha contraseña, porque a pesar de los diversos y reiterados esfuerzos por parte de las personas que recurren, no hubo respuesta, o cuando la hubo, fue insatisfactoria. Lo anterior, se explica, además, por la emergencia sanitaria actual que implicó el cierre de oficinas consulares con el correspondiente impedimento de atención al público, sin embargo, arguye el recurso, que de ello no se sigue que los servicios consulares y estatales puedan sin más dejar de prestar los servicios a los que están constitucional y legalmente obligados.

Los recurrentes aducen que las omisiones ilegales han provocado una privación y perturbación de la igualdad ante la ley, por cuanto es el propio Estado que reconoce el derecho a sufragio, tanto para quienes se encuentran en Chile, como para aquellos que están fuera del país, el que hace imposible su ejercicio; ya sea porque para muchos resulta imposible desplazarse largas distancias para hacer una gestión que en Chile es simple de realizar, o derechamente, porque al hacer el trámite, el Estado ha sido ineficiente en dar una respuesta. Esta situación, se circunscribe precisamente, al hecho de “la residencia en el extranjero”, supuesto que genera la infracción al principio constitucional de igualdad y a los derechos políticos conexos.