El Banco Central de Chile (BCCh), señala el estudio, nace en 1925 con un fuerte sello de autonomía institucional. Sin embargo, su autonomía respecto del gobierno se fue perdiendo con el tiempo producto de una serie de modificaciones, lo cual se tradujo en un rol más activo del gobierno de turno en las decisiones del BCCh. Dada la institucionalidad que regía al Banco desde su origen -bajo la cual podía otorgar créditos a instituciones públicas- su operación monetaria comenzó a estar dominada por la situación fiscal recurrentemente deficitaria. Este predominio de la política fiscal por sobre la monetaria llevó a que, desde la creación del BCCh (1925) hasta su independencia (1989), esta última tuviera importantes impactos en la inflación, tanto en su nivel, como en su volatilidad. Posterior a 1989, cuando se consagró constitucionalmente la autonomía del BCCh, la reducción y estabilización de la inflación en niveles comparables con los de países desarrollados es indudable, así como su independencia de la situación fiscal deficitaria que hemos venido observando durante los últimos años. A lo largo de la historia de nuestra economía, la dinámica de la inflación fue consecuencia de la mayor emisión de dinero por parte del Banco Central con el objeto de financiar los elevados y persistentes déficits del Fisco. Esta elevada inflación es un impuesto ineficiente, regresivo y antidemocrático (ya que no requirió aprobación del Congreso). Los efectos negativos de la inflación están extensamente estudiados y documentados, y Chile los experimentó por más de 50 años.
Enseguida el estudio señala que más allá de la necesidad de asegurar adecuadamente la estabilidad financiera en Chile, abrir el debate de la compra de deuda de Tesorería en el mercado secundario por parte del Banco Central levanta riesgos respecto de la autonomía del ente emisor y del resurgimiento de la inflación producto de la posible monetización de los déficits fiscales.
Agrega que, con el objeto de reducir estos riesgos, el proyecto de ley que modifica la LOC introduce ciertas condiciones que se deben cumplir para intervenir en el mercado secundario. Y añade que estas condiciones son importantes de mantener y posteriormente respetar.
Finaliza señalando que un elemento que reduciría aún más estos riesgos es establecer una regla fiscal transparente, estable y acordada transversalmente, y que considere una segunda restricción relacionada con el nivel de deuda máximo que puede alcanzar el Gobierno.

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