Corte de Valparaíso resuelve que dictámenes de CGR son obligatorios para los órganos de la Administración del Estado.

Por unanimidad, la Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Valparaíso que acogió un recurso de protección deducido por una profesora por el traslado de su lugar de trabajo.

En su libelo la recurrente expone que acciona en contra de la Municipalidad de Zapallar por la dictación del Decreto Alcaldicio N° 6296, que dispuso su traslado a la Escuela Balneario de Cachagua, a pesar de que la Contraloría General de la República acogió su reclamo en contra de dicho decreto, lo que estima vulnera su igualdad ante la ley, la libertad de trabajo y su protección, la no discriminación en el trato que el Estado y sus organismos deben brindarle y el contenido o núcleo esencial de esa garantías.

En su fallo, la Corte de Valparaíso señala que la cuestión sometida a su conocimiento no dice relación con la legalidad del decreto alcaldicio que dispuso el traslado de la profesora, sino si la Municipalidad contravino lo resuelto por el órgano fiscalizador. Enseguida, afirma que los dictámenes de la CGR son obligatorios para los órganos de la Administración del Estado, conforme a lo dispuesto por el artículo 98 de la Constitución y por los artículos 6 y 19 de la Ley N° 10.336, por lo que de no haber dado cumplimiento a lo resuelto en Oficio N° 3.785 la Municipalidad de Zapallar incurrió en un acto ilegal que vulnera la igualdad ante la ley.