Retorno gradual funcionarios.
CGR determinó que compete a las jefaturas superiores de los organismos ponderar la adopción de medidas de gestión necesarias para afrontar el brote de COVID-19.
El órgano fiscalizador reiteró que es atribución de cada jefatura superior tanto disponer el trabajo remoto para sus funcionarios, como cesar esa medida de gestión, a fin de atender presencialmente las funciones que estimen esenciales y requieran dicha modalidad de trabajo.
Se ha dirigido a la Contraloría General de la República, la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas -JUNAEB-, y la Presidenta de la Asociación de Funcionarios de Chilecompra, solicitando se dejen sin efecto las resoluciones de la JUNAEB y de la Dirección de Compras y Contratación Pública, que respectivamente indican, en lo que interesa, la aprobación de planes de retorno gradual de los funcionarios públicos a las tareas presenciales, en el contexto del brote de COVID-19.
Al respecto, señalan que dichos planes deberían excluir expresamente a los servidores que tengan su domicilio en zonas de cuarentena decretada por la autoridad sanitaria, así como respecto de los lugares de trabajo que se encuentren en esa misma ubicación. Además, expresan que ciertas labores que se han estimado esenciales -y que deberían prestarse presencialmente según lo anotado en las aludidas resoluciones-, no tendrían tal carácter según lo consignado en el documento denominado “Lineamientos para definir servicios esenciales, pandemia COVID-19”, de la Oficina Nacional de Emergencia. Agregan también que la mayoría o todas las labores antes mencionadas, según se trate del respectivo servicio recurrido, podrían realizarse de manera remota, conforme lo permitió el dictamen N° 3.610, de 2020, de este origen.
Al respecto, el ente contralor adujo que de los antecedentes tenidos a la vista se aprecia que la resolución exenta N° 1.320, de 2020, de la JUNAEB, impartió instrucciones sobre el retorno gradual de sus trabajadores, y por su resolución exenta N° 1.422, de 2020, estableció las funciones esenciales del servicio que requerían dicha presencia y una nómina de personas que deben retornar presencialmente en el plazo que indica. Por su parte, la resolución exenta N° 58 A, de 2020, de la Dirección de Compras y Contratación Pública, establece un plan de retorno gradual de sus funcionarios, definiendo las funciones internas que requieren atención presencial.
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