Libertad personal.
TC español declaró que para conceder una extradición se requiere del control judicial en origen para garantizar la tutela judicial efectiva del extraditado.
En efecto, la Magistratura constitucional de España concedió el amparo a un ciudadano colombiano al que la Audiencia Nacional decidió extraditar a la República de Colombia para su enjuiciamiento por presuntos delitos de daños informáticos y cohecho.

El Tribunal Constitucional español ha concedido el amparo a un ciudadano colombiano al que la Audiencia Nacional decidió extraditar a la República de Colombia para su enjuiciamiento por presuntos delitos de daños informáticos y cohecho.
La sentencia anula las decisiones de la Sección Tercera de la Sala Penal de 3 de mayo y del Pleno de la Sala de 1 de julio de 2019, respectivamente, al considerar que se han vulnerado los derechos del reclamante de amparo a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías en conexión con sus derechos a la libertad personal y a la libertad de residencia y circulación.
Al respecto, la Magistratura constitucional española analiza las exigencias de tutela judicial que genera una orden de detención europea plasmadas en una abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: De dicho análisis se desprende que es necesario que se adopte una resolución conforme con las exigencias inherentes a la tutela judicial efectiva basada en un procedimiento nacional sujeto a control judicial en el que la persona objeto de la orden ha disfrutado de todas las garantías propias de la adopción de este tipo de resoluciones; y que la tutela la confiere la autoridad emisora de la orden de detención europea al controlar los requisitos necesarios para dicha emisión y valorar si tienen carácter proporcionado.
Te puede interesar

Negacionismo.
TC declara admisible requerimiento parlamentario respecto del proyecto de ley que tipifica delito de incitación a la violencia.

Principio de legalidad.
Ingresó al TC inaplicabilidad que impugna normas del Código del Trabajo que disponen sanciones al empleador según la gravedad de la infracción y el tamaño de la empresa.

Con voto en contra.
TC acoge inaplicabilidad que impugna normas de Ley sobre Acceso a la Información Pública que permitirían alzamiento de la reserva bancaria.

