La Moción, patrocinada por las Senadoras Aravena, Goic, Rincón, en conjunto con los Senadores Harboe y Pizarro, propone la modificación de la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada para incorporar la consolidación de deudas, bajo un sistema de información positiva y negativa con tal de disminuir los riesgos en la industria crediticia, sus asimetrías, junto con afrontar el sobreendeudamiento de las personas naturales en Chile.

El proyecto se fundamenta en la existencia de dos sistemas de información sobre obligaciones económicas: el sistema de deudores y el sistema de información comercial. Previamente, es necesario aclarar que existen dos tipos de información, a saber, positiva que hace referencia al cumplimiento de obligaciones y, la negativa dice relación a las deudas o incumplimientos. Actualmente, por la crisis económica derivada de la pandemia, el nivel de endeudamiento de las personas se ha incrementado ostensiblemente, lo que limita el acceso al crédito y no permite una recuperación económica de aquellas familias que requieren inyección de recursos.

A fin de cumplir con el objetivo, la iniciativa propone crear un sistema consolidado de deudas comerciales cuyos ejes sean lograr una amplia cobertura (es decir, a todos los oferentes de crédito) y un amplio alcance a través del uso eficiente de información tanto positiva como negativa, con el propósito que los diversos actores del mundo crediticio cuenten con la información adecuada para evaluar el endeudamiento heterogéneo de los hogares chilenos. Además, se incorporan disposiciones orientadas a reforzar el ya consagrado principio de finalidad, levantando la prohibición de comunicar las deudas aclaradas y permitir el uso de información positiva del deudor, se busca establecer obligaciones para los responsables en materia de seguridad, como la designación de un delegado de protección, para fortalecer los derechos ARCOP de los titulares.

Por último, en vista de que se busca aumentar el flujo de información susceptible de tratamiento, también se propone aumentar los estándares de privacidad en la materia, incorporando un delegado de protección de datos para los responsables de registros o bancos de datos que efectúen tratamiento de datos personales para evaluar la situación crediticia de una personas.

El proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en análisis por Comisión de Economía del Senado.

 

Vea texto íntegro del Boletín Nº13862-03 y siga su tramitación aquí.