Límite Libertad de Expresión.
CC de Colombia acoge amparo y protege derecho al buen nombre de una inmobiliaria a la que un arrendatario, de manera injustificada, cuestionaba su integridad a través de un video en YouTube.
La Magistratura constitucional colombiana adujo que esto, rebasa la frontera del derecho a la libertad de expresión, con grave afectación de las garantías de un tercero, susceptible de ser protegidas por parte del juez constitucional.

La Corte Constitucional de Colombia La Corte Constitucional estudió recientemente la libertad de expresión en redes sociales y las nuevas plataformas y, así mismo, el derecho fundamental al buen nombre de las empresas comerciales frente a divulgaciones relacionadas con el giro ordinario de las actividades y negociones inherentes a su objeto social.
Respecto de los hechos, consta que la solicitud de amparo consistió en la afectación del derecho al buen nombre de una persona jurídica dedicada a arrendar, vender y administrar viviendas. La actuación que se catalogó como trasgresora de dicha garantía es la publicación del video que un arrendatario publicó en YouTube, a través del cual cuestionó la integridad e imagen comercial de la empresa de forma injustificada.
Lo mencionado, se verifica al hacer aseveraciones que no correspondían a la verdad de lo acontecido respecto a la atención, gestión y solución dada a los requerimientos del accionado por la humedad que se presentaba en el inmueble que ocupaba, debido al daño estructural en las tuberías de la unidad residencial ubicado encima del que él ocupaba.
Te puede interesar

Por unanimidad.
TC declara admisibilidad de inaplicabilidad que impugna normas que obligarían a Salmonera a entregar información sobre la presencia de enfermedades en sus peces.

Libertad personal.
Comerciante solicita se declare inaplicable norma que permite a Jueces de Policía Local que sean abogados, a dictar prisión en su contra por problemas con su patente de Bebidas Alcohólicas.

Con suspensión.
TC admite a trámite inaplicabilidad pretendida por empresa que impugna norma de Ley de Pesca en causa en la que el Consejo De Defensa del Estado la demandó basándose en presunciones de existencia de daño ambiental.

