Recientemente, el doctor en Derecho Público y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Alfonso Villagómez, escribió un artículo de opinión respecto de la libertad de expresión de los jueces.
Al respecto, el autor aduce que los jueces no sólo deben ser imparciales en los asuntos que conocen en la esfera de sus jurisdicciones, sino que además deben mostrar una “imagen social” de que aparentemente lo son en todo momento. Sin embargo, los jueces son titulares como cualquier otro ciudadano del derecho fundamental a expresar y difundir libremente las ideas y pensamientos por cualquier medio de difusión que no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa (artículo 20 de la Constitución).
Enseguida, el artículo expresa que el hecho de que los jueces no reciben una legitimidad popular para el ejercicio de sus funciones no pude servir de pretexto para fundamentar esa obsoleta idea de que no deben tener una exposición pública y, por consiguiente, sólo deben intercambiar sus ideas a través de sus autos y sentencias. Y es que, la libertad de expresión y el derecho de información sirven justamente para asegurar un control social de las funciones públicas.
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De esta manera, agrega el profesor que La publicidad y la información, en palabras del Tribunal Constitucional español, “mantiene la confianza de la comunidad en los tribunales” y “ocupa una posición institucional en el Estado de Derecho que la convierte en una de las condiciones de legitimidad constitucional de la administración de la justicia” (STC 96/1987).
Seguidamente, el doctor Villagómez, expresa estar a favor de que los jueces participen en los medios de comunicación toda vez que permite una mayor legitimación social de la actividad judicial, lo que incremente la confianza de las personas en los órganos jurisdiccionales.
En este contexto, el Magistrado arguye que, en definitiva, los jueces son titulares de todos los derechos fundamentales, incluyendo del derecho de expresar libremente sus ideas por cualquier medio de comunicación.
Finalmente, Juez español concluye señalando que el ejercicio de este derecho permite la democratización de la administración de justicia y, en consecuencia, un mayor control social de las funciones jurisdiccionales, lo que se traduce en una forma de legitimación de la actividad judicial.