TC declara admisibilidad parcial de inaplicabilidad que impugna el artículo 768 del CPC en aquella parte que impide la interposición de casación en la forma por determinadas causales en juicios regidos por leyes especiales.

El Tribunal Constitucional declaró la admisibilidad parcial de un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto de los artículos 768, inciso penúltimo, del Código de Procedimiento Civil, y 8°, N° 2), de la Ley N° 18.101 que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos.

La gestión pendiente incide en una demanda de arrendamiento por no pago de rentas seguida ante el Segundo Juzgado de Letras de los Ángeles, en actual conocimiento de la Corte Suprema, por recurso de casación en la forma y el fondo; ambos, deducidos en contra de la sentencia definitiva de la Corte de Concepción, que confirmó la sentencia de primera instancio que acogió la demanda referida.

El requirente estima que los preceptos impugnados vulnerarían el debido proceso, ya que la prohibición de instar por la anulación de la sentencia definitiva, que desconociendo el deber de motivas las decisiones, suma, acrecienta o, finalmente, expone, injustificadamente, a la persona a la indefensión. En consecuencia, la norma legal que establece un recurso que no autoriza la impugnación de las sentencias que carecen de motivación de los hechos del pleito, representa una vulneración al estatuto de garantías que constituye el procedimiento justo y racional, asegurado por el inciso 6º del N° 3 del artículo 19 de la Constitución o a la inversa, que un procedimiento legal que no autoriza dicha impugnación, no constituye, ni puede constituir, un «justo y racional procedimiento», por generar un estatuto de insuperable indefensión.