Diario Constitucional

Por unanimidad.

TC declara inadmisibilidad pretendida por empresa que impugnaba norma que impide poner término al Contrato de Trabajo por caso fortuito, invocando como motivo los efectos del COVID-19.

La Segunda Sala señaló que ha logrado formarse la convicción de concurrir la causal de inadmisibilidad contemplada en el artículo 84 N° 6 de la LOCTC, esto es, por adolecer de falta de fundamento plausible.

Por Redacción·25 de marzo de 2021·4 min de lectura
Imagen: brokering.cl
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El Tribunal Constitucional declaró inadmisible un requerimiento de inaplicabilidad, por inconstitucionalidad, respecto del artículo 26 de la Ley N°21.227, que faculta el acceso a prestaciones del Seguro de Desempleo de la Ley Nº19.728, en circunstancias excepcionales.

La disposición cuestionada de constitucionalidad señala que “[durante] el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe decretado por el Presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal del numeral 6° del artículo 159 del Código del Trabajo, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19”. En su segundo inciso, establece que “[si] durante el período comprendido entre la declaración de Estado de Catástrofe, por calamidad pública, de fecha 18 de marzo de 2020, en virtud del decreto supremo Nº104, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y la entrada en vigencia de la presente ley, las partes hubieren dado término a la relación laboral, cualquiera fuere la causal, estas podrán resciliar dicha terminación, en cuyo caso podrán acogerse a las disposiciones de la Ley N°21.227”.

La gestión pendiente incide en procedimiento por despido injustificado en contra de la requirente, teniendo dicha demanda como fundamento el hecho que el despido, efectuado el 24 de marzo de 2020, por causal contenida en el numeral 6°del artículo 159 del Código del Trabajo, esto es caso fortuito o fuerza mayor por el Covid-19, sería indebido e improcedente en razón de la prohibición de aplicar dicha causal invocando los efectos de la pandemia por Covid-19 contenida en el artículo 26 de la Ley 21.227, la que fue publicada posteriormente, con fecha 6 de abril de 2020.

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