Corte Suprema acogió recurso de protección en contra de resolución que prohíbe celebrar y asistir a eventos públicos en comunas en Cuarentena y Transición

La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción y acogió el recurso de protección interpuesto en contra de la resolución del Ministerio de Salud que prohibió la realización de celebraciones y eventos con público, cuando estos tengan lugar en comunas que se encuentran en Cuarentena o etapa de Transición.

La Corte de Concepción rechazó la impugnación interpuesta por 23 personas, por considerar que los actores carecían de legitimación activa para deducir un recurso de esta naturaleza, ya que este no reviste el carácter de una acción popular. Además, la resolución exenta se ajusta a la situación sanitaria actual, la cual no busca limitar el ejercicio del culto religioso, sino proteger la vida y salud de todos los habitantes del país, por lo que se debe desestimar la protección impetrada.

Para revocar la sentencia en alzada, la Corte Suprema consideró que si bien la autoridad administrativa puede adoptar medidas restrictivas de carácter sanitario motivadas por la pandemia por Covid-19 por la habilitación producida por el estado de excepción constitucional de catástrofe, estas restricciones deben respetar a su vez una serie de consideraciones; en primer lugar, la regulación o medida no podrá nunca afectar la esencia de las garantías constitucionales, por cuanto el legislador no tiene facultad para ello en virtud de lo señalado en el artículo 19 Nº 26 de la Constitución; en segundo lugar, la autoridad en virtud del estado de excepción de catástrofe solo puede restringir y delimitar el ejercicio de determinadas garantías constitucionales, precisando la forma en las que estas puedan ser ejercidas; en tercer lugar, en virtud del ordenamiento constitucional nunca se podrá suspender de forma absoluta el ejercicio de los derechos fundamentales; y, finalmente, cualquier reglamentación que se dicte debe tener en consideración el principio de igualdad y que no es posible establecer discriminaciones arbitrarias, por cuanto ello afecta la dignidad de las personas.